La Audiencia ha admitido el recurso de queja presentado por Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, acusados en la causa del PGOU de Alicante, en su recurso por las fianzas impuestas por el juez en este proceso, según la resolución a la que ha tenido acceso este diario. A pesar de esta decisión no será necesario dictar una nueva apertura de juicio oral, ya que lo que los acusados planteen deberá resolverse en la pieza separada abierta para determinar las responsabilidades civiles de los acusados. El juzgado fijó una fianza solidaria de 1,3 millones de euros pero la cifra ha quedado cubierta con una finca aportada por el empresario Enrique Ortiz.
Los abogados urbanistas Javier Gutiérrez y José Luis Castedo habían presentado un recurso ante la decisión del juez de abrirles juicio oral cuestionando los criterios del juez para el cálculo de la fianza. La propia Fiscalía se adhirió a este recurso. El magistrado Manrique Tejada lo rechazó argumentando que contra el auto de apertura de juicio oral no cabía recurso alguno, salvo para plantear algo relativo a la situación personal de los acusados. El juez esgrimía precisamente una sentencia de la Sección Primera de la Audiencia, precisamente la misma que ahora adopta esta decisión.
Pieza separada
La Audiencia plantea que en la resolución impuganada, por un lado se abre juicio y por el otro se fija una fianza para garantizar el cobro de las responsabilidades civiles. Según el auto, si bien la apertura de juicio es irrecurrible, para las medidas cauterales se deberá abrir otra pieza separada para formalizarlas. La sala considera que es en este momento cuando se deberán tramitar este tipo de incidencias.
Sin embargo, la medida podría no ser necesaria porque el juzgado ya tiene prácticamente terminada la pieza de responsabilidad civil, después de que un perito confirmara la semana pasada que los terrenos aportados por Ortiz cubrían la cantidad prevista para la fianza.
Es la segunda queja que admite la Audiencia sobre el auto de apertura de juicio oral. Recientemente, la Sección Primera ya resolvió también que tenía que admitirse otra queja planteada por la Fiscalía para que se admitiera a trámite su petición para que se incluyeran varias empresas vinculadas tanto a Ortiz como a los abogados para que fueran declaradas responsables civiles subsidiarios. Esta resolución obligó a dictar un nuevo auto de apertura de juicio oral con el listado de las empresas, así como identificar a las personas responsables de esas mercantiles.
La Audiencia rechazó también los recursos de queja para que el empresario Enrique Ortiz pudiera ser juzgado por el delito de aprovechamiento de información privilegiada, excluído expresamente por magistrado en el auto.
Penas
En la causa del PGOU están acusados los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi por haber facilitado información reservada del futuro planeamiento urbanístico de la ciudad, cuando todavía era reservado a Enrique Ortiz, quien les habría agasajado con dádivas y regalos, según las acusaciones. El fiscal reclama por estos hechos penas que suman diez años de cárcel para Castedo, otros tantos para Alperi y ocho para Ortiz. EU también reclama diez años de cárcel para los exalcaldes mientras que para Ortiz solicita 13. El Ayuntamiento, por su parte, pide a los dos exregidores cuatro años y para Ortiz, cinco.
