Los grupos de izquierda del ayuntamiento de Alicante han acudido hoy a la Fiscalía Anticorrupción para reclamarle que investigue la contratación de un asesor municipal (cesado ayer) al considerar que puede estar relacionado con lo sucedido en el pleno de investidura, a finales del pasado abril y que permitió la vuelta del PP a la Alcaldía tras el voto en blanco de la tránsfuga Nerea Belmonte (ex de Guanyar).

El PSOE y Compromís han acudido a la Fiscalía poco después de las 10 horas, al término de un pleno extraordinario, mientras Guanyar ha ido pasadas las 12.30 horas, para trasladar por separado los hechos al fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, con el fin de que los incorpore a la investigación ya abierta por el supuesto ofrecimiento de un sueldo de 3.500 euros y un puesto en lista electoral a la concejal tránsfuga Nerea Belmonte para que hubiera apoyado en la investidura de la candidata socialista. Finalmente, Belmonte votó en blanco, permitiendo la llegada de Luis Barcala a la Alcaldía.

En esta causa iniciada por la denuncia de dos vecinos, el Ministerio Público ha llamado por el momento a declarar a la citada concejal no adscrita, a su amiga y asesora personal Elsa Martínez (exdirectora de Ciudad de la Luz durante la etapa del PP y exmujer del actual presidente local del PP) y a los portavoces de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, y de Compromís, Natxo Bellido. Se espera que en los próximos días también acuda la actual portavoz socialista, Eva Montesinos, quien ha pedido en el escrito entregado en fiscalía "que se investigue la relación del asesor(el ayer cesado Miguel Ángel Redondo) con que hoy gobierne el PP", ya que su incorporación al ayuntamiento parece "demasiado turbia". Para Montesinos, se puede tratar de una situación de una contratación "por supuestos pagos a favores" ya que Redondo carece de la capacitación y del perfil técnico requerido para el puesto.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha pedido al fiscal que incorpore estos elementos a la investigación existente o que se abra una línea nueva para aclarar si el asesor está al servicio de Belmonte, pese a que por su condición de tránsfuga no es legal.

"Entendemos que se debe abrir una línea de investigación para saber qué se habló con Belmonte para el pleno de investidura, y para conocer qué ocurrió en esta votación tan extraña (en la que la tránsfuga se abstuvo para posibilitar la alcaldía del popular Luis Barcala)", ha dicho.

El paso de los grupos de la izquierda por la Fiscalía ha acabado hoy con Guanyar. Su portavoz, Miguel Ángel Pavón, ha llevado la documentación con la intención de que Briones amplíe la investigación existente sobre el voto en el pleno de investigura: "Esperamos que el escrito y los documentos que hemos presentado hoy ante el Fiscal Anticorrupción, en el marco de las diligencias de investigación abiertas por las declaraciones de Nerea Belmonte en el pleno ordinario del pasado mes de abril, puedan ayudar a desentrañar lo que ocurrió realmente en torno al voto de la concejala tránsfuga en el pleno de investidura del 19 de abril, un voto que convirtió en alcalde a Luis Barcala", ha señalado Pavón.

Ciudadanos, por su parte, tiene previsto acudir ante el Ministerio Público en los próximos días para pedir también que se abra una investigación tras la contratación por parte del PP de un asesor relacionado a Nerea Belmonte.

Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha acusado hoy a la oposición de "judicializar la política a la mínima", en unas palabras en las que ha recordado que la izquierda le criticó en su momento por llevar a la Fiscalía el posible fraccionamiento de contratos, que acabó con el socialista Gabriel Echávarri a las puertas del banquillo por supuesta prevaricación.

Barcala no se ha querido pronunciar sobre una posible citación por parte del fiscal si decide abrir una investigación tras las denuncias presentadas desde los grupos de la izquierda y la que espera presentar Ciudadanos. "Ni me preocupa ni no me preocupa, forma parte de nuestras obligaciones como ciudadanos", ha señalado el alcalde, quien ha calificado de "cortina de humo" la decisión del resto de grupos de denunciar la contratación de un asesor a tiempo completo, que ha sido vinculado directamente con la tránsfuga y que además admite en un informe incluido en un proceso judicial que había cobrado dinero negro de Ciudadanos y de Cruz Roja.