El exalcalde de Alicante Gabriel Echávarri también se sentará en el banquillo por el despido de una trabajadora interina del Ayuntamiento de Alicante, que a su vez era la cuñada del entonces portavoz municipal del PP y ahora alcalde de Alicante, Luis Barcala. La Audiencia Provincial desestimó ayer el recurso de apelación presentado por el exregidor socialista, confirmando la resolución del Juzgado de Instrucción 2 de Alicante, que procesó a Echávarri el pasado marzo por supuesta prevaricación administrativa al despedir a la interina municipal en una «evidente, flagrante y clamorosa desviación de poder».

El auto de la Sección Segunda de la Audiencia, al que ha tenido acceso este diario, sostiene que de la decisión de Echávarri de despedir a la cuñada de Barcala «subyacen motivaciones de exclusivo carácter personal y vindicativas» y añade que tiene una «apariencia de arbitrariedad que colmaría los requisitos del tipo penal de la prevaricación administrativa, siento atribuible al recurrente aunque no fuera él quien firmara el decreto». Antes de la apelación, la Fiscalía presentó su escrito de acusación en el que pedía diez años de inhabilitación para Echávarri.

El auto de procesamiento de la titular del Juzgado de Instrucción número 2, fechado a mediados de marzo, acordó el procesamiento de Echávarri y, además, el sobreseimiento de la causa para el entonces concejal de Recursos Humanos, el también socialista Carlos Giménez. En el escrito judicial se explicaba que aunque Giménez era la persona que firmó el decreto de despido de la trabajadora municipal, lo hizo movido «por la preeminencia orgánica del alcalde respecto a él» y además no quedó suficientemente acreditado que cometiera delito alguno. La decisión de la Audiencia supone que la causa vuelva ahora al juzgado, que a su vez tendrá que decretar la apertura de juicio oral contra Echávarri, quien en su recurso alegó que el despido era una decisión legal que contó con el respaldo de técnicos del Ayuntamiento.

El decreto que supuso el despido de la trabajadora, una decisión que se revertió a petición del pleno municipal, se tomó en abril de 2017, apenas dos días después de que el grupo municipal del PP, con Barcala al frente, acudiera a la Fiscalía para denunciar al entonces alcalde de Alicante por supuesta prevaricación en el fraccionamiento de contratos en el área de Comercio, un caso por el que Echávarri también será juzgado, ya que la Audiencia desestimó su recurso a principios de marzo. Ese auto, sumado al posterior procesamiento por el despido de la cuñada de Barcala, precipitó su dimisión en diferido como regidor y, a su vez, abrió la puerta para que Barcala se convirtiera en el nuevo alcalde de la ciudad tras el voto en blanco de la tránsfuga Nerea Belmonte (ex de Guanyar). Dos semanas después de que la Audiencia desestimara su recurso por el supuesto fraccionamiento de contratos y dos días después de que la jueza dictara su procesamiento por el despido de la cuñada del entonces portavoz municipal, Echávarri anunció su dimisión como alcalde de Alicante, en una decisión forzada por su partido pese a que aún no se había dictado apertura de juicio oral. La renuncia al cargo se produjo oficialmente dos semanas después, el 9 de abril. Durante ese periodo, la socialista Eva Montesinos ejerció como alcaldesa en funciones, preparando una investidura que finalmente no llegó por el voto en blanco de la tránsfuga Belmonte (ex de Guanyar), lo que propició el regreso del PP al poder municipal.