09 de junio de 2018
09.06.2018

Colapso en los ayuntamientos por la tramitación de la nueva renta de inclusión

En Alicante las familias tardan un mes en ser citadas en el centro social para que se les valore

09.06.2018 | 00:19
Colapso en los ayuntamientos por la tramitación de la nueva renta de inclusión

Trabajadores sociales critican que la aplicación informática falla y que falta información.

La entrada en vigor de la nueva Renta Valenciana de Inclusión está suponiendo un quebradero de cabeza para los trabajadores sociales de los ayuntamientos, encargados de tramitar esta ayuda para aquellas familias que ya han agotado todos los recursos económicos.

En algunos de estos ayuntamientos, el elevado número de personas que se ha interesado por esta ayuda de la Conselleria de Igualdad está provocando que muchos centros sociales estén colapsados. «Los trabajadores sociales están dando citas para finales de julio, cuando se trata de familias en una situación de pobreza extrema que no pueden esperar tanto», lamenta la concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante, María Ángeles Goitia. Especialmente grave es la situación en el centro social 4, el de la Zona Norte de Alicante, donde se concentra el mayor número de familias en dificultad. Según ha podido saber este periódico, la situación se repite en otros grandes consistorios de la provincia.

La ayuda entró en vigor a finales del mes de abril, sustituyendo a la Renta Garantizada de Ciudadanía. Pero a diferencia de ésta, la nueva ayuda tiene que ser tramitada por los trabajadores sociales de los ayuntamientos. Un procedimiento que, según responsables de las áreas de acción social, no ha ido acompañado de medios personales ni materiales por lo que las administraciones locales están desbordadas. «Lo único que nos han dado es un minicurso formativo».

Los ayuntamientos, incluso, están encargándose de imprimir los impresos de solicitud para repartirlos por los centros sociales. «Se supone que están colgados en la página web de la conselleria para que los interesados los descarguen, pero parece que no han tenido en cuenta quiénes son los receptores de estas ayudas, personas que por su precaria situación económica no tienen ordenador ni acceso sencillo a internet». En este sentido, la vicealcaldesa de Alicante, María Ángeles Goiti, se queja de que lso ayuntamientos «estás asumiendo competencias que le son impropias que además van en contra de la Ley de Bases de Régimen Local».

Si en estos momentos son los centros sociales los que están asumiendo toda la avalancha de solicitudes, en breve el colapso llegará al Registro dde los ayuntamientos, que es donde se tiene que entregar la solicitud una vez que se haya valorado el caso por parte de los trabajadores sociales y se hayan rellenado todos los formularios. «Tendremos que reformar este servicio con personal que tenga formación en esta ayuda, ya que no es un trámite sencillo»

La queja del Ayuntamiento de Alicante por la gestión de esta nueva ayuda es compartida por trabajadores sociales de otros ayuntamientos consultados por este periódico, quienes critican además que el sistema informático habilitado por la conselleria falla continuamente y las instrucciones son poco claras. «Las familias preguntan cuándo van a empezar a cobrar la ayuda y no sabes qué contestarles. Estamos tramitando a ciegas y a lo loco», lamentaba una de trabajadora social.

La tramitación de la nueva norma también genera otras dudas, en concreto cuando la solicitan inmigrantes en situación irregular que acreditan 12 meses de residencia en la Comunidad. «A estas personas los bancos no les permiten abrir una cuenta corriente, ¿cómo tramitamos entonces las ayudas?». Esta trabajadora social también se queja de que a las familias que solicitan las ayudas se les exigen documentos que la Generalitat ya debería tener gracias a los sistemas informáticos que comparten las administraciones.

Desde la Conselleria de Igualdad negaron ayer que la implantación de esta medida no haya estado acompañada de medios materiales y personales. Aseguran que este año se han aumentado las ayudas nominativas que se dan a los ayuntamientos para la contratación de personal, «especialmente de administrativos que saquen adelante los trámites para que los trabajadores sociales se puedan dedicar a valorar». En los últimos años, añaden desde el departamento de Mónica Oltra, este tipo de ayudas se han triplicado y la Conselleria de Igualdad «cuenta este año con una partida de más de 16,9 millones de euros en la provincia de Alicante que permiten a los ayuntamientos alicantinos contratar a 594 profesionales».

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