Un perito judicial ha certificado que la finca aportada por el promotor Enrique Ortiz cubre la totalidad de la fianza impuesta por el juez a los acusados por las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. La tasación era uno de los últimos trámites que esperaba el juzgado para enviar la causa a la Audiencia Provincial para que se celebre la vista oral. Las fuentes consultadas por este diario apuntaron que el magistrado Manrique Tejada dará unos días de margen a las partes por si alguna parte plantea alguna alegación más y, si nadie lo hace, el siguiente paso será mandarlo a juicio.

En la investigación están acusados, entre otros, el empresario Enrique Ortiz y los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. Se les acusa de haber recibido dádivas y regalos del promotor a quien habrían facilitado información privilegiada sobre el futuro planeamiento urbanístico de la ciudad. El fiscal reclama penas que suman diez años de cárcel a Castedo y Alperi por estos hechos, mientras que a Ortiz se le solicitan ocho años. EU también pide diez años de cárcel para Castedo y Alperi, mientras que para Ortiz solicita 13 años. Por su parte, el Ayuntamiento reclama a los dos exalcaldes cuatro años y para Ortiz, cinco.

Cuando se dictó la apertura de juicio oral, el juez impuso a seis de los nueve acusados una fianza solidaria de 1,3 millones de euros para garantizar el pago de las responsabilidad civil en el caso de una hipotética condena por estos hechos. La cifra es el coste que supuso para las arcas municipales la fallida tramitación del PGOU.

El pasado mes de marzo, el empresario Enrique Ortiz aportó en el juzgado una finca de su propiedad sita en el término municipal de Monforte del Cid y que tiene una extensión cercana a los tres millones de metros cuadrados. El promotor incluyó una tasación que valoraba el suelo aportado en 1.406.985 euros. Un perito judicial ha valorado la finca para comprobar si con ella se cubre o no la fianza reclamada. Según las fuentes consultadas por este diario, el técnico rebaja la valoración del suelo, aunque la cifra sigue cubriendo la totalidad de la fianza. Esto evitaría que tanto Castedo como Alperi tuvieran que prestar la fianza reclamada por el PGOU. La parte solidaria que tenía que pagar Ortiz para cubrir su parte de la fianza ascendía a 223.298 euros y en caso de ejecutarse el aval el promotor tendría la posibilidad de reclamar al resto.

El magistrado Manrique Tejada tuvo que dictar un nuevo auto de apertura de juicio oral después de que la Audiencia admitiera un recurso de queja presentado por la Fiscalía alegando que en la resolución impugnada no se habían incluido a las mercantiles a las que el Ministerio Público considera responsables civiles subsidiarios. Entre estas empresas se encuentran Enrique Ortiz Contratista de Obras SA, Inmovist Inversiones Inmobiliarias, Inusa, Deproinmed, Ortiz Desarrollos Urbanísticos, Viviendas del Mediterráneo (Orvi), UTE Hospital de Elche, Gutiérrez y Minguélez Gestión de Suelo, Salvetti Abogados y Consultores. La semana pasada el juez dictó un nuevo auto en el que incluía a las mercantiles como responsables civiles subsidiarios.