El portavoz del grupo municipal de Guanyar Alacant en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, ha trasladado hoy al Fiscal Anticorrupción de Alicante que le comunicó a la edil no adscrita, Nerea Belmonte, en el transcurso de una conversación telefónica, que la formación no podía "garantizarle un sueldo", aunque sí podían "apoyar" su "propuesta normativa que abre esa posibilidad".
El segundo testigo citado es el concejal de Compromís Natxo Bellido.
Miguel Ángel Pavón ha comparecido como testigo a petición de la Fiscalía Anticorrupción, a lo largo de dos horas, tras la apertura de la investigación por la supuesta compra del voto de Belmonte para avalar la candidatura de la socialista Eva Montesinos, después de que su pregunta en el pleno ordinario de abril, provocara que Nerea Belmote dijera que se le había ofrecido un contrato de 3.500 euros e ir en las listas de un partido y que no había sido el PP.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Guanyar Alacant ha confirmado, al término de su declaración ante el fiscal, que ha aportado, además, "el documento de objetivos que elaboraron las tres formaciones políticas del tripartito --PSPV, Guanyar Alacant y Compromís--, para la investidura de la socialista, Eva Montesinos, como alcaldesa de Alicante, acuerdo al que finalmente no se sumó la edil Nerea Belmonte que votó en blanco permitiendo que el PP, con Luis Barcala, recuperara el gobierno municipal".
Miguel Ángel Pavón ha explicado que "le he detallado al Fiscal que el acuerdo, que fue validado el día 18 de abril, incluía la modificación del Reglamento Orgánico de Pleno, lo que abría la puerta a la restitución de los derechos políticos y económicos de los ediles no adscritos, condición sobre la que hablamos con la exconcejala de Guanyar Alacant, para que se sumara al pacto de las formaciones de izquierdas".
El edil de Compromís Natxo Bellido también ha declarado como testigo ante el fiscal. Ha contando al Ministerio Público cómo fueron las negociaciones en los días previos al pleno de votación del nuevo alcalde.
La apertura de la investigación por la supuesta compra del voto de Belmonte, se originó tras la denuncia en Fiscalía de los activistas vecinales, José Luis Valdés y Francisco Javier García, que también denunciaron el despido irregular, por parte del exalcalde, Gabriel Echávarri (PSPV), de la cuñada del ahora alcalde, Luis Barcala (PP), y que provocó su dimisión.
El portavoz de Guanyar Alacant, sí ha explicado al fiscal que él participó en las negociaciones entre las tres formaciones políticas del documento de objetivos políticas el día 18, el día previo al pleno de investidura, y que en el documento se incluyó en el punto 9: "Tramitar y aprobar en el plazo más breve posible - antes de agosto de 2018 - la reforma del Reglamento Orgánico del Pleno incluyendo la propuesta normativa presentada por la concejala no adscrita Nerea Belmonte Aliaga, a fin de favorecer la democracia participativa, la transparencia y la restitución de los derechos de los concejales no adscritos".
"Una propuesta informada por la Secretaría General de Pleno y por, a petición de Guanyar, los servicios jurídicos municipales", ha afirmado en su exposición al fiscal. Nerea Belmonte, ha concluido Pavón, "no dio señales de vida tras la reunión que el PSOE mantuvo con ella".
El pasado jueves 24 de mayo la edil Nerea Belmonte y su asesora Elsa Martínez declararon durante varias horas, ratificándose en las declaraciones que hizo en el pleno.
Belmonte no sólo confirmó en sede judicial todo lo dicho en el Salón Azul del Ayuntamiento, sino que aportó «un expediente» y amplió su relato dando detalles de reuniones previas en las que se habría materializado esa oferta.
En una de ellas, celebrada presuntamente un día antes del pleno de investidura, el exsenador socialista Ángel Franco habría visitado el domicilio de Elsa Martínez, exdirectora de Ciudad de la Luz durante el gobierno del PP en el Consell.
La denuncia
La denuncia presentada por los dos vecinos relataba lo ocurrido en la sesión plenaria del pasado 18 de abril de este año y aportaba copias de las informaciones que los medios de comunicación publicaban sobre ello.
Durante el primer Pleno del actual alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, la edil tránsfuga aseguró que le ofrecieron un sueldo de 3.500 euros y un puesto en las listas a cambio de apoyar a la candidata socialista, Eva Montesinos.
Belmonte realizó esta afirmación en el transcurso de la sesión plenaria cuando respondía a una intervención del portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, quien le preguntó qué «beneficio» iba a obtener por impedir que la izquierda se mantuviese en la Alcaldía, lo que la expodemita provocó por el equilibrio de fuerzas al votar en blanco en la investidura del nuevo alcalde tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri.
La edil, que concurrió a los últimos comicios municipales en la lista de Guanyar, evitó concretar quién le había hecho esa propuesta a cambio de su apoyo aunque sí quiso dejar claro que «no era del PP», pero sin aportar prueba alguna que avalara sus palabras. Todas las miradas se volvieron hacia la bancada que ocupan las formaciones de izquierdas, y en concreto hacia el PSOE, que inmediatamente se desvinculó de un ofrecimiento que la propia Eva Montesinos tachó de «tácticas mafiosas».
Ante este episodio, y dada la gravedad que encierra el supuesto intento de compra desvelado por la concejal tránsfuga en sede municipal, los denunciantes esperaban que alguno de los representantes públicos presentes iba a de poner los hechos en conocimiento de la Justicia para que se aclararan. Pero visto que nadie parecía estar por la labor, Valdés y García acudieron a la Fiscalía para comunicar a Anticorrupción lo afirmado por Belmonte y pedir que se investigue.
La oferta de dinero a un concejal para dirigir su voto tiene consideración de delito. Una sentencia del Supremo de la que fue ponente el magistrado alicantino Joaquín Giménez cuando era miembro de la Sala Segunda deja claro que «el ofrecimiento de dinero para conseguir un concreto posicionamiento de un elegido del Consistorio constituye un acto de corrupción político-económica por parte de quien hace el ofrecimiento, con independencia de que no haya prosperado.
