Un informe de la Asociación Española de Geógrafos que preside el catedrático alicantino Jorge Olcina alerta de que el Gobierno central debe resolver con urgencia dos aspectos de la Ley de Costas y la Ley de Montes aprobadas hace tres años porque no contemplaron acciones para favorecer la estrategia que debe seguir España para contrarrestar el cambio climático. En concerto, Olcina se refirió a la renovación por 75 años de las concesiones en la primera línea del mar, y al artículo 50 de la Ley de Montes, que abrió el camino a que los terrenos que hayan sufrido un incendio forestal puedan recalificarse y «todos sabemos que en España pocos incendios forestales se producen de forma espontánea», apuntó Olcina.
Los geógrafos españoles tienen previsto presentar a mediados de mes los resultados de un estudio en el que llevan trabajando cinco años y que descubre que en el periodo 1995/2016 las administraciones central y autonómica gastaron en España la friolera de 80.000 millones de euros en infraestructuras que no han servido para nada o están sin uso. Los geógrafos consideran urgente elaborar una Ley de Adaptación del Cambio Climático, una estrategia nacional para el reparto del agua y un plan energético nacional. «No se puede seguir redactando Planes Generales de Ordenación Urbana sin contemplar medidas de protección frente al cambio climático, paisaje y, sobre todo, diseñar actuaciones sin contar con el ayuntamiento vecino».
Despilfarro provincial
En la provincia de Alicante, entre las obras señaladas, figuran, como máximos exponentes del despilfarro, el cambio de trazado del trasvase Júcar-Vinalopó (aún parado) que supuso un sobrecoste de 160 millones de euros, sin contar los otros 30 millones que cuesta arreglar las fugas del embalse de San Diego (Villena), la desalinizadora de Mutxamel (90 millones) que está parada, la planta de Torrevieja, inmersa en un caso judicial sobre presunta corrupción en la empresa estatal Acuamed, y la estación del AVE de Villena, que costó 11,5 millones de euros y en la que apenas suben y bajan pasajeros. Desastres que se reparten el PP y el PSOE, partidos que gobernaron en España en ese periodo.
Recalificación
El objetivo del informe es, según Jorge Olcina, destacar «la preocupación de los geógrafos españoles por la aprobación de algunas normas que van en dirección opuesta a lo que debe ser una ordenación racional y sostenible de los territorios». En materia de montes, la aprobación del artículo 50 de la Ley de Montes deja abierta la puerta a la transformación de los terrenos incendiados, en lugar de la prohibición expresa de su transformación durante 30 años como estaba regulado con anterioridad. «Supone la posibilidad de su recalificación atendiendo al siempre manido interés general. Recordemos que el 95% de incendios que se producen en nuestro país no responden a causas naturales, lo que siembra más incertidumbres sobre la bondad de este artículo», aseveró ayer Olcina.
En materia de costas, la ampliación de las concesiones a las ocupaciones de primera línea del mar durante 75 años «es una medida poco acorde con los cambios previstos en un contexto de cambio climático y sus efectos de subida de nivel del mar, y el aumento de temporales marítimos. Los temporales de enero de 2017 y del invierno de 2018 han puesto de manifiesto esta cuestión, afectando a viviendas y chiringuitos instalados en primera línea de costa, con lo que supone de gasto de dinero público para la reparación de los daños en ocupaciones, cuanto menos cuestionables y totalmente irracionales del espacio costero». Para Olcina, «se trata de dos medidas que deben revisarse en próximas modificaciones de ambas leyes. Desde el colectivo de geógrafos pedimos la aplicación de criterios de racionalidad y sensatez en la ordenación del territorio».
El Gobierno aprobó en 2014 la Ley de Costas que sustituyó al texto de 1988 y que, entre sus principales novedades, contempló la legalización de mil viviendas pendientes de deslinde en la Albufereta y Santa Pola y, por tanto, amenazadas de demolición. Propiedades construidas en los años sesenta y setenta del siglo XIX sobre terrenos ganados al mar o en primera línea que habían quedado fuera de ordenación con la ley de 1988. Sus titulares venían pagando regularmente todas la tasas municipales, pero se encontraban envueltos en una maraña administrativa que les impedía desde vender sus casas a realizar cualquier tipo de reparación.
En el caso del resto de las casas afectadas por deslindes en Arenales del Sol y Pinet (Elche); Guardamar, Dénia y Xàbia, la ley permitió la ampliación de las concesiones hasta un máximo de 75 años. Las 800 viviendas que estaban afectadas en la Albufereta (edificios Helios, Rocafel y Torre Alacant) se construyeron según la legislación de 1969. Sufrieron dos deslindes -1994 y 2004- que fueron recurridos y tumbados por la Audiencia Nacional. La nueva ley de Costas amplió las concesiones de las propiedades situadas en el dominio público marítimo terrestre a 75 años, y permite su transmisión. La principal novedad la ley respecto a las concesiones (viviendas y negocios) de la zona de servidumbre de protección estaba dirigida a las edificaciones que legítimamente las ocupan, a cuyos titulares se les permite realizar las obras de reparación, mejora, modernización y consolidación, siempre que no impliquen un aumento de volumen, altura ni superficie. Por otro lado, también se redujo el ancho de la servidumbre de 100 metros a 20 metros en relación con los núcleos de población que sin poder acogerse a lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas, por no ser suelo calificado como urbano, si tenían en aquella fecha características propias de él.
