El exjefe Atención Urbana del Ayuntamiento de Alicante, Victor López, negó ayer ante el juez haber beneficiado al empresario Enrique Ortiz en una contrata municipal en el cementerio durante un concurso público en 2008. El funcionario, que ya está jubilado, se sentó ayer en el banquillo junto a otro técnico municipal, Diego Agulló, acusados ambos de prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción mantuvo ayer la petición para que sean condenados a siete años de inhabilitación cada uno, mientras que la defensa de ambos, el letrado José Manuel Alamán, pidió la libre absolución.
La causa arranca de una querella presentada por la mercantil Multiservicios Tritón contra Víctor López en 2010 al que acusaban de haber adjudicado a la empresa de Ortiz los servicios de mantenimiento y limpieza del cementerio de Alicante pese a que presentó la oferta más cara. El fiscal Anticorrupción Pablo Romero considera que el técnico utilizó unos criterios diferentes al de las otras empresas que concurrían al concurso a la hora de valorar las mejoras aportadas por la empresa que finalmente fue la adjudicataria del servicio.
Por su parte, el funcionario Diego Agulló se sienta en el banquillo por haber emitido un informe respaldando los criterios utilizados por Víctor López para valorar las ofertas. Agulló aseguró que el estudio fue encargado por el entonces concejal y exvicealcalde de Alicante Andrés Llorens para responder a un recurso que había presentado la exedil socialista Carmen Sánchez Brufal contra el contrato. Llorens encargó a varios técnicos un informe para respaldar las conclusiones de López. Agulló aseguró que se retrasó en presentar sus conclusiones y, cuando lo hizo, ya se había resuelto la adjudicación, por lo que su trabajo no tuvo incidencia alguna en la decisión final.
El juzgado de lo Penal dos de Alicante dejó ayer visto para sentencia el segundo de los tres procedimientos judiciales abiertos contra el que fuera jefe de Atención Urbana, Víctor López. El funcionario fue absuelto hace dos años por las presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras de la Plaza Magallanes, por las que se sentó en el banquillo con el exedil Andrés Llorens. Ambos todavía tienen que ser juzgados por las supuestas irregularidades en la contrata a Isjoma, adjudicataria del alquiler de las sillas y el montaje de instalaciones festeras, investigado por otro juzgado. Ayer, el exedil Andrés Llorens declaró en la vista como testigo para respaldar la actuación del funcionario. «Era el jefe de servicio y tenía plena confianza en él», dijo.
El contrato para los servicios de limpieza en el cementerio se adjudicó a Ortiz por 774.801 euros (898.769 euros con el IVA incluido), mientras que la empresa que presentó la querella optaba a la contrata con una oferta valorada en 723.083 euros. Las mejoras en el servicio presentadas por Ortiz fueron las que decidieron que tuviera la mayor puntuación.
Víctor López desvinculó la decisión del informe del hecho de que dos de sus hijos estuvieran trabajando para Inusa, empresa de Ortiz. Según explicó, ambos llevaban años en la empresa cuando el empresario empezó a comprarla y puntualizó que la mercantil del cementerio no fue Inusa. Por estos motivos, aseguró que no había razones legales para abstenerse en el procedimiento administrativo.
Combativo
Muy demacrado a causa de una enfermedad, el extécnico se mostró combativo con las acusaciones, defendiendo con papeles en la mano su actuación. López señaló que había usado criterios estrictamente técnicos para valorar las empresas y que había cumplido la Ley. «Quizá tendría que haber explicado y desarrollado más algunos aspectos, pero el informe estaba perfectamente motivado y si había dudas yo lo hubiera explicado», señaló. El técnico reiteró que su propuesta no era vinculante para la resolución del concurso. Además, añadió que en 2014, cuando ya estaba jubilado, el Ayuntamiento volvió a adjudicar a Ortiz ese contrato.
El que fuera responsable técnico del área de Atención Urbana desde 1984 aseguró que la oferta de la empresa querellante debería haber sido rechazada de pleno por incumplir el pliego de condiciones por no cubrir con el personal suficiente el servicio. También apuntó a que algunas de las mejoras presentadas no eran tales porque «eran antieconómicas». Entre ellas, había una propuesta para ampliar el horario del cementerio que suponía obligar al Ayuntamiento a contratar dos porteros.
Las mejoras presentadas por Ortiz que decantaron el concurso a su favor fue la instalación de una pérgola y la renovación de 150 contenedores. Las acusaciones sostienen que los excesos de las mejoras aportadas por Ortiz se contabilizaron en los gastos generales del presupuesto aportado, cuando deberían haberse incluido en los costes del servicio. Así se penalizaban las mejoras que excedían el 2% del presupuesto, una medida que se adoptaba para evitar bajas temerarias. La defensa señaló que la Ley de Contratos del Estado sí permitía contabilizar las mejoras en los gastos generales para los contratos públicos de servicios.
