«Los conciertos de aulas no pueden extinguirse por decreto y deben mantenerse mientras se cumplan los requisitos establecidos en las normas». Los magistrados del TSJ han resuelto nuevas sentencias que, con los mimos argumentos que las dictadas hace poco más de una semana, obligan a Educación a devolver en este caso a tres colegios de la provincia las aulas de Bachillerato suprimidas.
Se trata de las demandas interpuestas por los colegios La Salle de Alcoy, Sagrado Corazón Maristas de Alicante y Aitana de Elche, a las que se suman las de los colegios de València El Armelar de la Institución Teresiana de Paterna, La Purísima Franciscanas, Parque Santa Ana, y María Inmaculada Claretianas de Carcaixent.
En todos estos casos los jueces señalan que para suprimir el concierto de cualquier aula, «la Administración debe ofrecer una motivación sólida, suficiente y debidamente justificada». El TSJ rechaza como razonable que existan plazas escolares suficientes en centros públicos porque considera que la red de centros es «dual» y que, existiendo «demanda social» y cumpliéndose los requisitos exigidos de una ratio mínima, en ningún caso los centros concertados deben ser considerados «subsidiarios» de la red pública.
Razones
De hecho, la única demanda que solo admite parcialmente e incluso da la razón a Educación en su «motivación» es la del colegio San Juan de la Cruz de Alicante.
En este caso los jueces ven adecuada la exigencia de la ratio mínima establecida por la conselleria y que el citado colegio «no cumple», por lo que admiten que no se renueve el concierto de tres aulas de 3, 4 y 5 años de Infantil, pero sí el de las dos aulas mixtas que concede Educación.
Eso sí, obliga a la conselleria a mantener este doble concierto los próximos cuatro años «siempre que se cumplan los requisitos», en una aula mixta para niños de 3 y 4 años y otra para niños de 5 años.
Esta sentencia junto a la del colegio de Paterna son la únicas sobre las que los magistrados no hacen recaer sobre las arcas públicas las costas, que en el resto de los casos ascienden a 2.500 euros cada uno, un total de 15.000 euros que sumados a los 20.000 en costas de las sentencias de la semana pasada suman ya 35.000 euros a cargo de la Conselleria de Educación.
El gabinete que dirige Vicent Marzà reitera su intención de recurrir todas estas sentencias como ya anunció con respecto a las primeras emitidas la semana pasada.
