No tienen fisioterapeuta, están hacinados y sufren falta de atención debido a las vacantes de personal sin cubrir desde hace meses. Son algunas de las deficiencias que denuncian los padres y tutores de las personas con discapacidades severas atendidas en el centro Santa Faz, ubicado en el Cabo Huertas y dependiente de la Conselleria de Igualdad.

Hartos de ver cómo el estado de salud de sus familiares se deteriora día a día, la asociación que representa a estas familias ha pedido la mediación del Síndic de Greuges para que el departamento de Mónica Oltra ponga fin a las graves irregularidades y carencias que aseguran están sufriendo.

El centro Santa Faz es el de mayor tamaño de los tres públicos que hay en la Comunidad Valenciana para la atención a personas con discapacidad severa física e intelectual. Actualmente se atiende a 145 usuarios tanto en el centro de día como en la residencia. Los recortes, según se recoge en el escrito remitido al defensor autonómico, comenzaron en 2014 con la excusa de la crisis económica. Desde entonces, el centro carece de un fisioterapeuta, pese a que muchos de los internos están postrados en cama, en silla de ruedas, o tienen graves problemas de movilidad. «El estado físico de mi hermano se deteriora día a día porque nadie se ocupa de hacer ejercicios con él para que mantenga su movilidad», lamentaba días atrás un familiar de uno de los internos en residencia. En el escrito se critica que en septiembre de 2016 se contrató a una persona para desarrollar esta actividad, pero terminó un año después sin que haya sido reemplazado.

En cuanto a la plantilla que atiende a estas personas en el aseo personal y en su cuidado más directo hay seis vacantes sin cubrir desde hace meses, «lo que se refleja en una falta de atención al usuario». Además, los padres lamentan que aunque el trato de los trabajadores es bueno, «entre ellos cunde el desánimo por esta falta de personal». Otra derivada de las vacantes sin cubrir es, según la asociación, el hacinamiento en los módulos y pabellones de la residencia. Así, de los cinco módulos del centro «uno permanece siempre cerrado, por lo que 90 usuarios conviven en tres módulos y medio para ser controlados mejor». Esto conlleva además dificultades en la movilidad de los internos cuando es necesario el uso de grúas y otros aparatos, «lo que genera en el personal desgaste físico, cansancio y desánimo, siendo el usuario el pagano de todo ello».

También falta un jefe de cocina y cocinero para atender los desayunos y cenas de los 90 residentes y las comidas de los 145 usuarios más los trabajadores. También falta por cubrir dos vacantes de enfermeros que se jubilaron en 2014, según critica la asociación en su escrito al Síndic.

Los familiares aseguran que no tienen ninguna queja respecto al trato que ofrecen los trabajadores, «pero con tanta vacante es imposible que puedan hacerlo en condiciones», lamentaba ayer una madre. Además, en muchos de los casos los padres son muy mayores o tienen pensiones muy bajas que les impiden llevar a sus hijos a otros centros y mucho menos tenerlos en sus domicilios. Desde la asociación critican además que siendo cien por cien público, este centro esté peor tratado que algunos concertados y lamentan el «secretismo» de la administración a la que, aseguran, se han dirigido en numerosas ocasiones sin obtener respuesta.