Cuando el catamarán del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi empezó a amarrar gratuitamente en la Marina Deportiva de Alicante en el año 2008, el delito de cohecho impropio no existía para los particulares. Éste fue uno de los argumentos esgrimidos por la defensa del gerente de las instalaciones, Javier Palacio, para pedir su absolución de un delito de cohecho impropio. El abogado Francisco Ruiz Marco alegó que la reforma por la que se amplió el alcance de este delito a los particulares y no sólo para los cargos públicos no estuvo vigente hasta el año 2010, por lo que se le estaba acusando de manera retroactiva y suponía una vulneración de sus derechos. El barco estuvo en el recinto entre 2008 y 2012.
La defensa insistió en que el motivo por el que se dejó amarrar sin pagar el catamarán se hizo en atención a las relaciones de amistad de él y su familia con Alperi y Solana y que se remontan décadas atrás, antes de que el primero fuera alcalde de Alicante. El letrado señaló que en la fecha de los hechos Alperi sólo era diputado autonómico y no tenía relación alguna con cuestiones relativas a instalaciones portuarias, por lo que la supuesta dádiva no podía tener relación con su escaño.
El juicio por fraude fiscal al exalcalde quedó ayer visto para sentencia en el juzgado de lo Penal 6 de Alicante. Tanto Alperi como los otros tres acusados rehusaron a su derecho a última palabra. En la sesión de ayer presentaron sus conclusiones los abogados de los empresarios Antonio Solana y Antonio Moreno, a quienes se considera colaboradores de los tres delitos fiscales por los que se acusa a Alperi; así como la defensa del gerente de Marina Deportiva, Javier Palacio, a quien se acusa de un delito de cohecho impropio. Para Moreno y Solana se reclaman seis y tres años de cárcel respectivamente y para Palacio, nueve meses. Para Alperi se piden penas que suman nueve años y nueve meses de cárcel.
Los abogados de los dos empresarios rechazaron que éstos hubiera colaborado con Alperi para que éste cometiera un delito fiscal y negaron haber simulado negocios. A Antonio Moreno se le acusa de haber simulado un aval con el que el exalcalde pudo saldar una deuda tributaria. El abogado de Moreno tildó de «incongruente» la acusación porque viene a decir que pagó un millón de euros para que Alperi se ahorrara 400.000. insistió en que la deuda era eral y el empresario aún hoy sigue intentando cobrar.
Por su parte, la defensa de Antonio Solana rechazó que hubiera una simulación en la compra de un catamarán a medias entre éste y el exalcalde y defendió que ambos eran los propietarios. Para el letrado, las acusaciones parten de suposiciones no probadas y alertó de que vulneración de derechos a su defendido al ser obligado por Hacienda a entregar documentación que luego usaron para llevarle al banquillo, a pesar de que no llegó a estar investigado por el fraude.
