El juicio por fraude fiscal al exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi ha quedado esta mañana visto para sentencia en el juzgado de lo Penal 6 de Alicante. Tanto Alperi como los otros tres acusados han rehusado a su derecho a última palabra y se han remitido a las conclusiones de sus abogados.
En la sesión de esta mañana han presentado sus conclusiones los abogados de los empresarios Antonio Solana y Antonio Moreno, a quienes se considera colaboradores de los tres delitos fiscales por los que se acusa a Alperi, así como la defensa del gerente de Marina Deportiva, Javier Palacio, a quien se acusa de un delito de cohecho impropio. Los letrados han pedido la libre absolución.
Los abogados de los dos empresarios han rechazado que colaboraran con Alperi para que éste cometiera un delito fiscal. A Antonio Moreno se le acusa de haber simulado un aval con el que el exalcalde saldó una deuda tributaria. El abogado de Moreno tildó de incongruente esta acusación porque viene a decir que pagó un millón de euros para que Alperi se ahorrara 400.000. En este sentido, insistió en que el empresario aún hoy sigue intentando cobrar la deuda a Alperi.
La defensa de Antonio Solana rechazó que hubiera una simulación en la compra de un catamarán a medias entre éste y el exalcalde y ha defendido que ambos eran los propietarios. Para el letrado, las acusaciones parten de suposiciones que no se han probado y alertó de que se habían vulnerado los derechos de su defendido al ser obligado por la Agencia Tributaria a entregar documentación que luego han usado para llevarle al banquillo.
El abogado de Javier Palacio, Francisco Ruiz Marco, ha rechazado la existencia de un delito de cohecho, porque el amarre gratuito del barco en las instalaciones de Marina Deportiva se hizo en atención a las relaciones de amistad de él y su familia con Alperi y Solana y que se remontan a antes de que el primero fuera alcalde de Alicante. El letrado señaló que en la fecha de los hechos Alperi sólo era diputado autonómico y no tenía relación alguna con cuestiones relativas a instalaciones portuarias, por lo que la supuesta dádiva no podía tener relación con el cargo ostentado por Alperi. También subrayó que el delitocde cohecho impropio no fue delito para los particulares hasta el año 2010, cuando el barco entró en el puerto en 2008, por lo que se le está acusando de manera retroactiva y eso supone un violación flagrante de la Constitución.
