El juicio por fraude fiscal al exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi quedará mañana visto para sentencia en un juzgado de lo Penal. Esta mañana se han presentado los informes de la Fiscalía, el abogado del Estado y la defensa de Alperi y el viernes finalizará con los informes del resto de letrados y el derecho de última palabra de los acusados
El fiscal y la Abogacía del Estado han mantenido las acusaciones contra el exalcalde de Alicante y otros tres procesados. La Fiscalía pide penas que suman 9 años y 9 meses de cárcel para el exprimer edil por tres delitos fiscales y por cohecho impropio. En el banquillo se sientan también los empresarios Antonio Solana y Antonio Moreno acusados de ayudarle a defraudar más de 600.000 euros al fisco y a quienes se piden seis y tres años respectivamente. Al gerente de Marina Deportiva Javier Palacio se le reclaman 9 meses por cohecho impropio por los cuatro años en los que el catamarán del exalcalde estuvo amarrado en las instalaciones sin cobrarle por ello.
La Fiscalía considera que en los años 2007, 2008 y el 2010 Alperi obtuvo unas ganancias patrimoniales por las que debería haber pagado a la Hacienda Pública. Los negocios cuestionados por las acusaciones son la firma de un aval por una mercantil de Antonio Moreno y con el que el axalcalde zanjó una deuda tributaria, así como las operaciones relativas a un catamarán entre Alperi y Antonio Solana. El fiscal sostuvo que el resto de los acusados actuó en atención al cargo político de Alperi. Sobre Moreno ha dicho que jamás tuvo intención de reclamar la deuda a Alperi, ni el exalcalde de pagarle. "Él mismo dijo que veía en la operación una oportunidad de entrar en el mercado inmobiliario de Alicante", subrayó. En cuanto al catamarán aseguró que sobre el papel era de Alperi y Solana, pero en la realidad era Solana quien pagaba y Alperi quien lo usaba. El representante del Ministerio Público incidió en que el axalcalde al mismo tiempo que se ejecutaba el aval se comprara un barco por importe de 850.000 euros, algo que evidenciaba que no había intención de pagar. En cuanto al amarre gratuito de barco, el fiscal insistió en que fue una situación que se prolongó más de cuatro años. "Por su condición de diputado, el señor Alperi no podía pedir que se le liberara del pago, ni el señor Palacio eximirle", ha dicho.
El abogado de Alperi, Vicente Grima, ha dicho que la causa parte de una investigación prospectiva del exalcalde por la Agencia Tributaria que ha desembocado que ha desembocado en una "ceremonia de la confusión y una construcción retorcida alambicada para encontrar algo con trascendencia tributaria y penal".Respecto al aval ha dicho que el beneficiado ha sido la Agencia Tributaria que ha cobrado una deuda de un millón que ellos mismos consideraban de difícil cobro. En cuanto al catamarán, reiteró que tanto Solana como Alperi eran copropietarios del barco con independencia de lo que lo usara. En este sentido, recalcó que Solana no tenía título de patrón y por tanto para usarlo necesitaba ir con Alperi.
Sobre el amarre gratuito del barco, señaló que ni es una dádiva, porque era un zona que no se comercializaba ni tampoco se hizo en atención al cargo de diputado autonómico de Alperi.
