La defensa del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi sostuvo ayer que Hacienda no sólo salió perjudicada, sino que fue la única beneficiada del fraude fiscal atribuido al exregidor; mientras que las acusaciones cuestionaron la naturaleza de los negocios del exregidor que le habrían permitido defraudar 682.000 al fisco a través de negocios simulados. El juicio quedará visto hoy para sentencia en un juzgado de lo Penal. Ayer se presentaron los informes de la Fiscalía, el abogado del Estado y la defensa de Alperi y, al faltar tres partes más para exponer el suyo, hoy se continuará con el del resto de letrados.
Tal como adelantó ayer este diario, el fiscal y la Abogacía del Estado mantuvieron las acusaciones contra el exalcalde de Alicante y otros tres procesados. La Fiscalía pide penas que suman 9 años y 9 meses de cárcel para el exprimer edil por tres delitos fiscales y por cohecho impropio. En el banquillo se sientan también los empresarios Antonio Solana y Antonio Moreno acusados de ayudarle a cometer la presunta defraudación y para quienes se reclaman seis y tres años de prisión respectivamente. Por su parte, al gerente de Marina Deportiva, Javier Palacio, se le piden 9 meses por un delito de cohecho impropio por los cuatro años en los que el catamarán del exalcalde estuvo amarrado gratis en las instalaciones.
La Fiscalía considera que en los años 2007, 2008 y el 2010 Alperi obtuvo unas «ganancias patrimoniales» por las que debería haber pagado a Hacienda. Los negocios cuestionados por las acusaciones son la firma de un aval cercano a un millón de euros por una mercantil de Antonio Moreno y con el que el exalcalde zanjó una deuda tributaria, así como las operaciones relativas a la compra de un catamarán entre Alperi y Antonio Solana.
El fiscal sostuvo la actuación de los otros tres acusados estaba vinculada al cargo político de Alperi. «Ha tenido un cargo importante durante muchos años y hay mucha gente interesada en llevarse bien con él», recalcó. Sobre Moreno, el representante del Ministerio Público dijo que jamás tuvo intención de reclamar la deuda a Alperi por el aval, ni el exalcalde de pagarle. «Él mismo dijo que veía en la operación una oportunidad de entrar en el mercado inmobiliario de Alicante», subrayó. Para recalcar esa idea señaló que en la operación ni se habló de fechas de pago, ni de intereses, ni se reclamó garantía alguna, por lo que concluyó que la intención era pagarle la deuda.
En cuanto al catamarán, el fiscal aseguró que sobre el papel la embarcación era de Alperi y Solana, pero en la realidad era Solana quien pagaba y Alperi quien lo usaba, con lo que las cantidades aportadas por el empresario eran otra ganancia patrimonial del exregidor. El representante del Ministerio Público incidió en que el exalcalde al mismo tiempo que se ejecutaba el aval se comprara un barco por importe de 850.000 euros, algo que evidenciaba que no había intención de pagar. En cuanto al amarre gratuito del barco, el fiscal insistió en que «por su condición de diputado, el señor Alperi no podía pedir que se le liberara del pago, ni el señor Palacio eximirle».
Por su parte, el abogado de Alperi, Vicente Grima, aseguró que la causa parte de una investigación prospectiva del exalcalde por la Agencia Tributaria que ha desembocado que ha desembocado en una «ceremonia de la confusión y una construcción retorcida alambicada para encontrar algo con trascendencia tributaria y penal». Respecto al aval, mantuvo que el beneficiado fue la Agencia Tributaria que ha cobrado una deuda de un millón que ellos mismos consideraban de difícil cobro. «Simplemente ha cambiado el acreedor», dijo, a lo que añadió que «no puede ser que se defraude para conseguir un dinero que se debe a Hacienda». En cuanto al catamarán, reiteró que tanto Solana como Alperi eran copropietarios del barco con independencia de lo que lo usara. En este sentido, recalcó que Solana no tenía título de patrón y por tanto para usar el barco y salir a navegar necesitaba ir necesariamente acompañado por Alperi.
Sobre el amarre del barco, señaló que ni es una dádiva, porque era un zona que no se comercializaba por Marina Deportiva, ni tampoco se hizo en atención a su cargo de diputado autonómico.
