La gestión de la limpieza se convirtió ayer, de nuevo, en el asunto capital del pleno municipal durante la segunda sesión del popular Luis Barcala al frente del ejecutivo municipal. El regidor tomó la palabra a petición de Ciudadanos, que solicitó su comparecencia para conocer los «planes» del nuevo gobierno. En su intervención, Barcala admitió que la limpieza es una «prioridad absoluta» dentro de su hoja de ruta para este año que resta de mandato y defendió el actual pliego de condiciones, que se aprobó durante la última etapa de Sonia Castedo como alcaldesa de Alicante, aunque reconociendo que no abarca todo lo necesario. «El pliego está hecho por uno de los mejores técnicos, es excelente. ¿Suficiente? No, no incluye todos los servicios», señaló Barcala, en alusión a que el actual contrato sufrió un recorte de unos 14 millones sobre el anterior. El servicio actualmente lo presta una UTE formada por FCC, Ferrovial y una empresa de Enrique Ortiz.
El alcalde, en su turno durante el pleno de ayer, fue muy crítico con la gestión realizada por la izquierda durante los tres primeros años de mandato, la mayoría de la etapa con Guanyar al frente de la Concejalía de Limpieza. El regidor acusó a los exsocios del tripartito de no cumplir con las «obligaciones» que el Ayuntamiento tiene reconocidas en el pliego de condiciones, como una inversión de cuatro millones de euros en maquinaria. «No se ha invertido ni un euro. El Ayuntamiento lo ha incumplido, no ha habido voluntad», señaló Barcala, quien además apuntó al PSOE por, durante sus meses en el área tras la ruptura del tripartito, no facturar más de un millón de euros por la basura que llega a la ciudad procedente desde poblaciones de la Vega Baja.
Ante una situación que Barcala calificó de «caos», puso tres puntos sobre la mesa. En primer lugar, se comprometió a que el Ayuntamiento, a partir de ahora, «cumplirá sus obligaciones recogidas en el contrato», anunció que reforzará el control sobre la empresa para «exigir a la UTE que cumpla» el pliego de condiciones y, sobre todo, marcó su hoja de ruta para los dos próximos meses: se encargará un informe técnico para analizar el servicio, que se añadirá al trabajo de supervisión encomendado a los técnicos, y «simultáneamente» se elaborará una auditoría económica. Hasta la fecha, el interventor había puesto reparos a que la auditoría recogida en el contrato fuera del servicio y no económica. Finalmente, según anunció ayer Barcala, el PP impulsará por un lado la auditoría de las cuentas y, con coste añadido, un estudio que analice el cumplimiento del contrato respecto a la prestación del servicio. Con esos documentos sobre la mesa, el regidor popular prevé que en dos meses se pueda reunir al resto de grupos para tomar una decisión sobre la gestión de la limpieza. Y es que Barcala empezó a forzar a la oposición ante la posibilidad de pagar más para mejorar el servicio. «¿Queremos que Alicante esté limpia? ¿Sí o no? A lo mejor no es suficiente con exprimir el pliego», prosiguió el alcalde, defendiendo una iniciativa que ya planteó en su momento su antecesor, el socialista Gabriel Echávarri, y que contó con el apoyo de Compromís.
Durante las réplicas de la oposición, tanto Natxo Bellido (Compromís) como Miguel Ángel Pavón (Guanyar) entonaron el «mea culpa» por la gestión de la limpieza desde la izquierda durante los primeros tres años del actual mandato, una admisión de errores a la que el PSOE no se sumó. «En limpieza, nadie puede sacar pecho. Si no remamos todos en la misma dirección, con reglas de juego claras, en un año seguiremos igual», señaló Bellido, mientras que Pavón fue aún más taxativo: «Nosotros tampoco hemos conseguido fiscalizar el servicio».
Desde el PSOE, el concejal Fernando Marcos (ex de Limpieza) recordó el recorte de trabajadores, unos 80, entre el actual contrato y el anterior y solicitó, de nuevo, la convocatoria de la Comisión de Limpieza, una petición a la que se sumó Compromís. Barcala hizo oídos sordos al no poner fecha a la reunión y limitarse a decir que «en dos meses» esperaba tener los informes necesarios para reunir a la oposición y buscar una solución, en la que el PP pretende involucrar al resto de grupos, con la vista puesta en un posible aumento del coste del contrato.
En el Salón Azul
Por otro lado, el pleno rechazó ayer pedir el cese de la secretaria de Estado de Comunicación por criticar, en una conversación privada, las protestas de los jubilados a las puertas del Ayuntamiento de Alicante en la reciente visita del todavía presidente del gobierno, Mariano Rajoy. El PP contó con el apoyo de Cs y del tránsfuga Sepulcre para bloquear la petición. En cambio, la corporación se unió de manera unánime para rechazar la sentencia contra «La Manada» e instar al Congreso a modificar el actual Código Penal. Por su parte, Guanyar se quedó ayer sólo en su intento de pedir la destitución del actual presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbert, quien acusó de «terrorismo informativo» a los vecinos de la zona sur por sus críticas sobre los graneles. En el punto, al igual que el relativo al de los pensionistas, se vivió tensión en el Salón Azul
Por último, la polémica en el pleno también se volvió contra el PSOE después de que se revelase, en una intervención de Pavón, que, durante el mandato de Gabriel Echávarri, el gastó en publicidad fue cinco veces mayor al presupuestado en el año 2017 y el doble de lo previsto en Protocolo.
