El magistrado titular del juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, ha dictado un auto aclaratorio de apertura del juicio oral contra los exalcaldes populares de la ciudad, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, y para el constructor Enrique Ortiz, entre otros, por el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y ordena incluir a diez mercantiles como responsables civiles subsidiarias, la mayoría vinculadas al constructor alicantino. A las empresas se les pide una fianza de 1,3 millones de euros, aunque este importe ya ha sido afianzado por Enrique Ortiz con una finca y el juzgado está pendiente de recibir un informe pericial sobre su valor.
Según el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado aclarara el auto de apertura del juicio oral de fecha 23 de febrero, tal y como dictó la Audiencia Provincial el pasado 18 de mayo, y ordena que se adopten medidas cautelares ante la posible responsabilidad civil subsidiaria de las mercantiles Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras S.A; Inmovist Inversiones Inmobiliarias S.L; Ingenieria Urbana S.A. (Inusa); Deproinmed S.L; Ortiz Desarrollos Urbanísticos S.L.; Viviendas del Mediterraneo Orvi S.L.; Asegur Ingeniería del Fuego S.L.; UTE Hospital Elche-Crevillente; Gutiérrez Miguélez Gestión del Suelo S.L. y Salvetti Abogados y Consultores S.L.P.
Además, solicita la apertura de la correspondiente pieza de responsabilidad civil. El magistrado les da un plazo de tres días para que comparezcan en la causa con abogado y procurador, para posteriormente dar traslado de las actuaciones a terceros responsables acusados en esta causa. Los representantes de las mercantiles tendrán un plazo de diez días para presentar el escrito de defensa frente a las acusaciones.
