El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Alicante ha dado la razón a la sociedad Puerta de Mar y Ocio, S.L ante el recurso que presentó en septiembre del año pasado contra el decreto de cierre de Marmarela firmado por el exconcejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), con fecha 12 de septiembre de 2017, y que obligó a cerrar el complejo en las semanas previas a la celebración de la última edición de la Volvo Ocean Race, a pesar de que la mercantil había alcanzado un acuerdo previo con la Generalitat para que el espacio se volviera a utilizar en la organización de la regata. El juzgado, además, conforme a la regulación contenida en la ley "procede imponer las costas al Ayuntamiento de Alicante sin que su importe pueda exceder de 1500 euros".

La sentencia comunicada a ambas partes y fechada el pasado 24 de mayo explica que el acta municipal levantada a final de agosto a Marmarela fue por ejercer su actividad sin la autorización de la Autoridad Portuaria (extremo recurrido también en el TSJ y pendiente de resolución), obviando que el Puerto si había otorgado la autorización a otra entidad, la SPTCV (Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana) de la Generalitat Valenciana, con la que Puerta del Mar y Ocio había firmado un contrato de prestación de servicios para cederles sus instalaciones para la organización de la Volvo Ocean Race.

"En definitiva, la Administración no podía requerir a la mercantil recurrente para que suspendiese de forma inmediata el funcionamiento de la actividad porque la recurrente estaba habilitada para ejercitar su actividad en virtud del contrato firmado con la mercantil SPTCV con una licencia que seguía en vigor pese al pronunciamiento contenido en la resolución de 12 de septiembre de 2017, recurrida en este procedimiento", según detalla la propia sentencia.

La sentencia concluye que el recurso interpuesto por Marmarela debe ser estimado, "dejando sin efecto la resolución recurrida por no ser conforme a derecho". Por otro lado, añade que "no cabe realizar un pronunciamiento que eclare la vigencia indefinida de la licencia otorgada en diciembre de 2014, por cuanto ningún precepto de la Ley contempla la posibilidad de declarar la vigencia indefinida de una licencia, y porque la licencia fue otorgada con una serie de condicionantes de otorgamiento que deben pervivir para que la licencia siga desplegando sus efectos".

Pavón discrepa del fallo judicial

El exconcejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), ha asegura que "discrepa" de la sentencia conocida hoy, además de señalar que espera que el Ayuntamiento, ahora en manos del PP, recurra el fallo judicial: "Esperamos que el Ayuntamiento recurra esta sentencia, con la que discrepamos, ante el TSJ, en defensa tanto de sus propios actos como del contenido de los informes técnicos municipales en los que se basó el decreto que firmé como concejal de Urbanismo en septiembre de 2017". Según un comentario publicado por Pavón a través de sus redes sociales, su decisión era de obligado cumplimiento: "Si el Puerto concluye que Puerta del Mar y Ocio no disponía de autorización portuaria y nos traslada esa conclusión por escrito, era obligado cerrar la actividad: no hacerlo hubiera podido ser constitutivo de un delito de prevaricación por omisión".

Futura licencia al complejo de ocio

Tras la sentencia, los responsables de Marmarela confían en llegar a un acuerdo con la Autoridad Portuaria de Alicante para reabrir el complejo esta temporada mediante una autorización administrativa que ponga fin al pleito que mantiene en el TSJ y que podría alargarse varios años y poner en riesgo la próxima edición del Volvo (al paralizar, de facto, cualquier otra concesión en el espacio portuario).

La empresa Puerta de Mar y Ocio, a través de un comunicado, ha trasladado "un mensaje de tranquilidad a los casi cien trabajadores del complejo que esperan recuperar sus empleos para la nueva temporada estival, así como para los proveedores y clientes que en los últimos días les han trasladado su malestar por no saber si pueden contar con las instalaciones para la programación de la oferta de ocio de Alicante, como ha ocurrido este fin de semana con el Spring Festival en una zona anexa a Marmarela, sin que el complejo haya podido ofrecer sus servicios a los miles de asistentes del evento musical que se celebra en el puerto desde hace tres años con una autorización administrativa como la que reclama Marmarela".