El portavoz de Guanyar en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, reclamará el jueves en el Pleno que la Corporación inste al presidente de la Generalitat, Ximo Puig y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el cese del presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Juan Antonio Gisbert, "por sus ataques a los vecinos afectados por el movimiento de graneles", y que la construcción de naves cerradas en depresión para manipular graneles pulverulentos en el Puerto de Alicante no dependa de la voluntad de la iniciativa privada de modo que se garanticen los derechos constitucionales a la salud y a un medio ambiente adecuado.

Miguel Ángel Pavón ha hecho pública una nota para anunciar que "en el pleno del jueves defenderemos una declaración institucional mediante la que instamos a Ximo Puig y a Mariano Rajoy a cesar al presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Juan Antonio Gisbert, por acusar a la Asociación de Vecinos Gran Vía Sur - Puerto de practicar el 'terrorismo informativo' por sus críticas a la manipulación de graneles pulverulentos al aire libre en el Puerto de Alicante.

Nos parecen una declaraciones absolutamente fuera de lugar que suponen un insulto a la labor altruista de una asociación de vecinos de la ciudad que lleva luchando de forma legítima contra la carga y descarga de graneles a cielo abierto desde mucho antes que llegara el señor Gisbert a la presidencia del Puerto".

Según Pavón se trata de una "una asociación que siempre ha apostado por compatibilizar la actividad granelera con el derecho de los vecinos a la salud y a un medio ambiente adecuado, proponiendo para ello la solución tecnológica de las naves cerradas en depresión, una solución que desactivaría el conflicto social, ambiental y sanitario de los graneles. Una solución que siempre hemos defendido desde los grupos municipales de Esquerra Unida y Guanyar Alacant y que no puede depender de que, tal y como plantea el señor Gisbert, la iniciativa privada asuma construir las naves".

Para el portavoz de Guanyar en el Ayuntamiento, "los derechos constitucionales de la ciudadanía a la salud y a un medio ambiente adecuado deben primar sobre cualquier interés privado, al que no pueden ni deben supeditarse. Por ello instamos en nuestra declaración institucional al Presidente de la Autoridad Portuaria, al Ministro de Fomento y a la Consellera de Medio Ambiente a que la construcción de las naves no dependa de la voluntad de la iniciativa privada y a garantizar esos derechos constitucionales".