n Eliminar de un plumazo el copago residencial fue imposible. Era compromiso electoral, pero se descartó desde el primer día al hacer números y resultar «inasumible» para la Administración. Suprimir de la ecuación a las empresas que durante años monopolizaron el sector al acceder a plazas que el TSJ consideró ilegales (alrededor de 2.000) por realizarse mediante un procedimiento negociado sin publicidad, también.
Por ello, las empresas del grupo impulsado entre otros socios por la familia Cotino y el constructor alicantino Enrique Ortiz siguen formando parte del nuevo modelo al resultar adjudicatarios de más de 600 plazas en un proceso de libre concurrencia, lo que ha supuesto duras críticas a Oltra, a la que se le ha acusado de «perpetuar el modelo Cotino».
Cláusulas antimonopolio
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, sin embargo, ha explicado en diversas ocasiones que en las nuevas adjudicaciones «se han aplicado cláusulas antimonopolio y se dividió el contrato en 13 lotes, a los que se podía presentar cualquier empresa del sector mientras que con el anterior modelo solo hubo 7 lotes con la adjudicación cerrada. El resultado ha sido que ahora hay 29 empresas que han accedido a la contratación mientras que con el PP solo fueron nueve».
Veinte empresas más
De esta forma, las nuevas adjudicaciones han supuesto que 20 empresas más formen parte del sistema. O, lo que es lo mismo, «el 86 % de las plazas dependen ahora de gestores que se quedaron fuera del modelo de accesibilidad del antiguo gobierno», según fuentes de Políticas Inclusivas.
