La portavoz adjunta del grupo municipal de Compromís, María José Espuch, ha exigido hoy al equipo de gobierno del PP que "convoque ya la comisión para la aplicación de la Memoria Histórica en Alicante, y materialice y ejecute de una vez el acuerdo adoptado el 28 de diciembre de 2017 por el pleno que supone el cambio de 37 vías del callejero alicantino".

Según un comunicado de prensa, Compromís ha subrayado que "el PP nunca ha mostrado interés por aplicar la Ley de la Memoria Histórica en la ciudad de Alicante, y solo hay que recordar que durante el anterior gobierno progresista, en el que Compromís impulsó la creación de la Concejalía de Memoria Histórica y la democratización del callejero, los populares incluso recurrieron a los tribunales para impedir la retirada de los nombres de personajes y símbolos franquistas y fascistas en nuestras calles".

Tras recordar la participación de las distintas Juntas de Distrito en la elección de los nuevos nombres del callejero, Compromís añade que "el PP no puede seguir alargando este proceso: debe anteponer su animadversión a la recuperación de la memoria histórica y entender de una vez que ahora que gobierna de nuevo el Ayuntamiento de Alicante, debe trabajar para aplicar la Ley y para cumplir con el mandato del pleno del pasado mes de diciembre, en el que se recogía el cambio de esas 37 calles, plazas y otros espacios públicos con nombres franquistas".

Hace diez días, el concejal socialista Fernando Marcos, responsable de Memoria Histórica hasta la llegada del PP al gobierno local, registró un escrito en la Secretaría del Pleno en el que solicita, en calidad de «presidente» del órgano municipal, la convocatoria de la comisión para la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. El escrito incluía los asuntos que el edil Marcos pretendía que se traten en la comisión, entre los que figura la «lectura, explicación y aprobación, si procede, de la propuesta relativa al cambio de calles franquistas» y el «debate sobre la retirada del recurso presentado por el Ayuntamiento» contra la sentencia judicial que obligó al entonces tripartito de Alicante a llevar al pleno municipal la modificación del callejero de la ciudad.