Una juez ha procesado al exvicealcalde de Alicante, Andrés Llorens, junto a un funcionario municipal del área de Atención Urbana y otros dos empresarios por haber amañado obras del Plan E en la ciudad, según el auto al que ha tenido acceso este diario. La magistrada Patricia Romero considera que los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación malversación, fraude, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios, por lo que ha dictado auto de procedimiento abreviado. Ahora es el turno de que las acusaciones presenten su escrito de conclusiones en el que concreten los delitos que les imputan y las penas que les reclaman.
La magistrada considera que de la investigación practicada se desprende que entre los años 2009 y 2010 existió un acuerdo entre el técnico de la concejalía de Atención Urbana, José Lidón, con las mercantiles Civil de Construcción Mantenimientos y Servicios (CCMS) y la delegación en Alicante de Becsa para beneficiar a ambas «de manera ilícita» en la contratación de obras públicas, fundamentalmente en trabajos adjudicados por el Plan E en Alicante, un programa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para estimular la economía al inicio de la crisis. En el auto se relata que los pliegos de condiciones habrían sido redactados por el apoderado de Becsa, Juan Manuel Valdivieso, y firmados como propios por Lidón. Los trabajos se adjudicaban a Becsa, quien a su vez la subcontrataba a CCMS, cuyo representante es Javier Álvarez Martín. Las escuchas telefónicas evidencian la estrecha relación del técnico con los dos empresarios, señala el auto.
Contenedores
El auto señala que también existen indicios de que dichas irregularidades eran conocidas y consentidas por el entonces concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens que firmó todas las licitaciones objeto de examen. La magistrada recuerda también las relaciones del hermano del edil, José Felipe Llorens, con la mercantil que vendió a Becsa los contenedores que iban a ser soterrados por distintos puntos de la ciudad, uno de los proyectos en los que se centra la investigación. En este sentido recuerda que los contenedores llegaron a venderse a una empresa especializada en rótulos publicitarios y luego vendidos a Becsa, maniobra con la que se trataría de ocultar la intervención de la empresa en la que participaba el hermano de Llorens.
La investigación se ha centrado también en las relaciones entre el funcionario investigado con las dos mercantiles, cuyos hijos han trabajado tanto en CCMS como en Becsa, señala el auto que incide en que desde su creación la mercantil CCMS se sustenta principalmente de dinero procedente del Ayuntamiento de Alicante, cuyo volumen de negocio ha ido en aumento desde 2006. El auto señala que en los registros policiales en BECSA se encontró documentación de la que se evidenciaba «el compromiso adquirido por parte de miembros del Ayuntamiento de Alicante para adjudicaciones por un valor aproximado de cinco millones, cantidad muy cercana al beneficio obtenido» por la mercantil con los proyectos investigados.
