n El hijo mayor de Nerea Fernández acababa de cumplir un año cuando ella echó la primera solicitud para optar a una vivienda en régimen de alquiler social. Han pasado 12 años y esta mujer continúa esperando por una casa en la que poder vivir con su familia, que en estos años ha aumentado con dos hijos más. «No me niego a pagar un alquiler, pero tiene que ser asequible porque apenas tenemos ingresos». Ella limpia algunas escaleras por el barrio y su marido recoge chatarra. La familia tienen un informe de vulnerabilidad de los servicios sociales. Fernando Martínez, integrante de Stop Desahucios, criticaba ayer que en el último intento de desalojo, la procuradora del banco «decidió frenarlo porque tenemos una carta de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIG) en la que se explica que Nerea tiene mucha puntuación y está a punto de recibir una vivienda de alquiler social». Sin embargo el banco propiedad de la vivienda fue absorbido por otra entidad bancaria y «el pasado miércoles la familia recibió una notificación en la que se le comunicaba que en una semana serían desalojados».
