17 de mayo de 2018
17.05.2018
Caso Sala

Dos de las hermanas Sala no ven necesario que se preserve el coche donde mataron a su madre

Mar y Antonia Sala Martínez consideran que la intención de su hermano de conservar el vehículo y las instalaciones es «entorpecer su día a día»

17.05.2018 | 01:14
El magistrado José Luis Lafuente junto al coche en el lavadero de Novocar.

Resuelta la batalla empresarial que desde hace años mantenía enfrentados a los hijos del expresidente de la CAM Vicente Sala y de María del Carmen Martínez tras la separación total de sus intereses, una nueva chispa ha vuelto a saltar entre los hermanos a resultas de la petición del primogénito para que se preserve tanto el coche donde fue tiroteada su madre como las instalaciones en las que se encontraba aquella tarde del 9 de noviembre de 2016, un negocio de automoción que regentaba su yerno Miguel López, único sospechoso de su muerte.

El abogado que ejerce la acusación particular en nombre del hijo mayor de la víctima ha realizado este planteamiento al instructor del caso, el magistrado José Luis de la Fuente, después de que, en virtud de esa separación patrimonial, tanto el Porsche Cayenne como Novocar hayan dejado de pertenecer a los cuatro hermanos y sean ahora las tres mujeres sus propietarias.

Razones legales

El letrado llama la atención sobre las «razones legales» para sustentar la petición de que «se adopten las medidas necesarias para la conservación y puestas a disposición del tribunal de los elementos materiales del delito de constante referencia».

Por contra, para el representante de las dos hijas de la víctima que también ejercen la acusación particular, Mar y Antonia, la intención de Vicente Sala «no es otra que entorpecer el día a día de las nuevas titulares, sus hermanas, utilizando una vez más el procedimiento penal para el perjuicio de las mismas», quienes consideran la solicitud de «improcedente e impertinente».

Una actitud que no deja de chocarle a la representación procesal del primogénito que en su respuesta al magistrado señala que «no es fácil de entender, ni desde la perspectiva procesal ni, menos todavía desde las consideraciones simplemente humanas, que unas hijas pongan reparos a la conservación de elementos patrimoniales apropiados o útiles (siquiera fuera potencialmente) para el esclarecimiento del asesinato de su madre».

Ante las alegaciones de las dos hermanas (la tercera, casada con Miguel López, no está personada) de «entorpecer el día a día» o que les «pueda causar un perjuicio grave e innecesario», destaca el abogado del primogénito que «argumentos de esta naturaleza, en los que subyace un indisimulado interés puramente patrimonial, no debieran ser atendidos en un proceso penal incoado para la investigación de un asesinato. El interés económico y privado, por relevante que fuera (que en el presente caso que no lo es) difícilmente puede erigirse en un obstáculo para la instrucción, y enjuiciamiento, de un proceso en el que se dirime la destrucción de la vida de un ser humano y la protección de la sociedad en su conjunto». Y destaca en este punto que «reservas u objeciones de tipo económico no parecen propias de personas que acaban de cobrar, sólo en dinero, 12.039.050 euros cada una (en alusión a lo que han percibido por la venta de su participación en la empresa del plástico), por lo que no es razonable pensar que precisen de un vehículo de segunda mano y de una nave comercial para subvenir a sus necesidades económicas, por abundantes que ésta sean».

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