17 de mayo de 2018
17.05.2018

Un error material obliga al juez a dictar de nuevo la apertura de juicio oral del PGOU

La Audiencia admite un recurso de queja del fiscal por haber excluido la acusación a diez empresas como responsables civiles

17.05.2018 | 17:55
De izquierda a derecha, Enrique Ortiz, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo en una foto de archivo

Un error material va a obligar a dictar un nuevo auto de apertura de juicio oral por el caso del PGOU. La Audiencia de Alicante ha admitido a trámite de manera parcial un recurso de la Fiscalía en el que se planteaba que en la resolución anterior se habían omitido todas las mercantiles a las que el Ministerio Público consideraba responsables civiles subsidiarios por estos hechos. En el mismo recurso también pedía que el empresario Enrique Ortiz pudiera ser juzgado por un delito de aprovechamiento de información privilegiada, una pretensión que ha sido desestimado. El juez desestimó el recurso del fiscal porque contra el auto de apertura de juicio oral no cabía recurso alguno y ahora la Audiencia ha dicho que el magistrado tenga que admitir a trámite el recurso del fiscal. La instrucción está ya terminada y a punto de ser enviada a la Audiencia, por lo que la admisión de esta queja todavía podría demorar este trámite.
El juez Manrique Tejada decretó la apertura de juicio oral el pasado mes de febrero para los exalcaldes Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi así como para el promotor Enrique Ortiz por los presuntos amaños en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad La investigación es una pieza separada del caso Brugal que comenzó en un juzgado de Orihuela por supuestos sobornos en la adjudicación de la contrata de basuras en el municipio. Las intervenciones telefónicas a los sospechosos derivaron en una veintena de causas que se repartieron en distintos juzgados. A los dos responsables municipales se les imputan delito de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada.

Junto a Esquerra Unida, el fiscal también había pedido que el empresario Enrique Ortiz pudiera ser juzgado por un delito de aprovechamiento de información privilegiada. Esta petición ha sido rechazada con los mismos argumentos con los que la sala rechazó la queja de EU: se trata de una cuestión que quedó cerrrada cuando el juez archivó este delito para el empresario el año pasado, sin que ninguna de las partes la recurriera.

Además de los nueve acusados, el fiscal pedía que diez mercantiles fueran llevadas al banquillo como responsables civiles subsidiarias y las que también se reclamarían los 1,3 millones de euros que según las acusaciones costó para las arcas públicas la tramitación del Plan General de Alicante. Entre estas empresas se encuentran Enrique Ortiz Contratista de Obras SA, Inmovist Inversiones Inmobiliarias, Inusa, Deproinmed, Ortiz Desarrollos Urbanísticos, Viviendas del Mediterráneo (Orvi), UTE Hospital de Elche, Gutiérrez y Minguélez Gestión de Suelo, Salvetti Abogados y Consultores.

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