La Fiscalía ha abierto diligencias tras la denuncia presentada por el dirigente vecinal José Luis Valdés en la que pedía investigar si ofrecieron un sueldo a la concejal Nerea Belmonte en el pleno en el que el PP obtuvo la Alcaldía de la ciudad, confirmaron fuentes del ministerio público. La denuncia se presentó apenas una semana después de que la concejala tránsfuga del Ayuntamiento de Alicante asegurara que habían intentado comprar su voto a favor de la investidura de la candidata socialista a la Alcaldía, Eva Montesinos. Dos vecinos de Alicante, José Luis Valdés y Francisco Jesús García, presentaron el viernes una denuncia ante este departamento para que se investigue si, como aseguró la tránsfuga en el primer Pleno del actual alcalde, el popular Luis Barcala, le ofrecieron un sueldo de 3.500 euros y un puesto en las listas a cambio de apoyar a Montesinos.
La investigación será asumida por el fiscal Anticorrupción Felipe Briones, que ahora debe estudiar la denuncia y decidir si procede ampliar la información que en ella se relata o encargar diligencias a la Policía. De las pesquisas se determinará si hay indicios de delitos y se envía el caso al juzgado o, por el contrario, se archivan.
Belmonte realizó esta afirmación en el transcurso de la sesión plenaria en respuesta a una intervención del portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, quien le preguntó qué «beneficio» iba a obtener por impedir que la izquierda se mantuviese en la Alcaldía, lo que la expodemita provocó por el equilibrio de fuerzas al votar en blanco en la investidura del nuevo alcalde tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri.
La edil, que concurrió a los comicios municipales en la lista de Guanyar, evitó concretar quién le había hecho esa propuesta a cambio de su apoyo aunque sí quiso dejar claro que «no era del PP», pero sin aportar prueba alguna que avalara sus palabras. En ese momento, todas las miradas se volvieron hacia la bancada que ocupan las formaciones de izquierdas, y en concreto hacia el PSOE, que inmediatamente se desvinculó de un ofrecimiento que la propia Montesinos tachó de «tácticas mafiosas».
Ante este episodio, y dada la gravedad que encierra el supuesto intento de compra desvelado por la concejal tránsfuga en sede municipal, los ahora denunciantes esperaban que alguno de los representantes públicos presentes iba a de poner los hechos en conocimiento de la Justicia para que se aclararan. Pero visto que nadie parecía estar por la labor, Valdés y García se personaron ayer en la Fiscalía para comunicar a Anticorrupción lo afirmado por Belmonte y pedir que se investigue.
Un delito de corrupción
La oferta de dinero a un concejal para dirigir su voto tiene consideración de delito. Una sentencia del Tribunal Supremo de la que fue ponente el magistrado alicantino Joaquín Giménez cuando era miembro de la Sala Segunda deja claro que «el ofrecimiento de dinero para conseguir un concreto posicionamiento de un elegido del Consistorio constituye un acto de corrupción político-económica por parte de quien hace el ofrecimiento, con independencia de que tal oferta no haya prosperado, y ello porque ha habido un intento de corrupción a un funcionario publico». Las penas por este cargo conllevan prisión, multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público.
