n Los planes del Ayuntamiento de València para acabar de un plumazo con toda la oferta ilegal en plataformas como Airbnb pueden encontrarse con obstáculos legales. La nueva ley de turismo, cuyas enmiendas se aprobaron ayer, da la potestad a los ayuntamientos para establecer a través de un informe de compatibilidad urbanística si una vivienda puede o tener un uso turístico.
A partir de que la ley entre en vigor, los propietarios deberán acudir a su ayuntamiento para ver si su vivienda es compatible con las normas urbanísticas para poder darle un uso turístico. Una vez con el informe a favor, podrán inscribirse y entrar en el circuito comercial.
En el caso de València, tal como señaló la semana pasada la concejala de Turismo, Sandra Gómez, se limita esa posibilidad a las viviendas que se encuentren en planta baja o en el primer piso de un edificio. Es decir, que solo un 30% ó 35% de las viviendas que hoy se comercializarían en internet se ajustaría a la norma, según los primeros cálculos del consistorio.
La cuestión es qué ocurre con las miles de viviendas que ya están inscritas en el registro autonómico: 66.755 viviendas en la autonomía. Desde la AVT trasladan que la última palabra la va a tener la Abogacía de la Generalitat. Tras las primeras consultas, no las tienen todas consigo en que se pueda obligar a un propietario ya registrado a cumplir retroactivamente con una norma que no existía en el momento en que solicitó su matrícula a la Agencia.
Van a elevar la consulta. En el mejor de los casos se confía en que la Abogacía permita alguna solución transitoria, como una especie de plazo de subsanación en que se emplace a los propietarios ya registrados a conseguir su informe municipal. De permitirlo, se regulará a través del reglamento de la ley.
