La primera de las once sesiones del juicio por fraude fiscal de casi 700.000 euros al exalcalde de Alicate Luis Díaz Alperi y a otros tres acusados concluyó ayer con una petición de nulidad de las actuaciones al considerar que Hacienda utilizó malas artes para denunciar al exdiputado autonómico ante la Fiscalía y se vulneró el derecho a la no autoincriminación, además de omitir el trámite de audiencia previo al envío de la acusación al Ministerio Público.

El letrado del empresario Antonio Solana llegó incluso a plantear que la Agencia Tributaria incluyó pruebas «ilícitas» en el expediente. Aunque solicitaron al titular del juzgado de lo Penal número 6 de Alicante que resolviera estas cuestiones previas ayer mismo, el magistrado Eugenio Alarcón acordó pronunciarse en la sentencia sobre la posible nulidad que conllevaría la absolución de los cuatro acusados. La Fiscalía y la Abogacía del Estado rechazaron que se hayan vulnerado derechos de los procesados.

Banquillo de acusados

Junto a Luis Díaz Alperi, que se enfrenta a una petición inicial de nueve años y nueve meses de prisión por tres delitos de fraude fiscal y uno de cohecho impropio, en el banquillo de los acusados se sentaron los empresarios Antonio Solana y Antonio Moreno como presuntos cooperadores necesarios para el fraude imputado al exalcalde y para los que se solicitan seis y tres años de cárcel, respectivamente; el cuarto acusado es Javier Palacio, responsable del puerto deportivo de Alicante y acusado de cohecho impropio por no cobrarle el punto de amarre al exprimer edil de Alicante, hecho por el que la Fiscalía le pide una pena de nueve meses.

El abogado Pablo Cardona, defensor de Antonio Solana, amigo personal de Alperi y expresidente del Alicante, destacó como cuestión previa que se han violado derechos fundamentales y por tanto procede acordar la nulidad de las actuaciones y la absolución de los cuatro procesados.

Según el letrado, en este caso se ha vulnerado el derecho a la no autoincriminación y cuestiona la actuación de la Agencia Tributaria porque realizó tres requerimientos de información al empresario bajo coacciones y la amenaza de sanciones y pese a no ser objeto de investigación utilizaron los datos que aportó voluntariamente Solana en el expediente abierto a Díaz Alperi.

Para este letrado «se ha violado la Ley General Tributaria» y se «han introducido pruebas ilícitas en el procedimiento». Grima indicó asimismo que en esta causa se ha producido por parte de Hacienda otra vulneración de un derecho fundamental al haber omitido el trámite previo de audiencia previo al envío de la denuncia a la Fiscalía.

Derecho de defensa

Aunque en la época en que la Agencia Tributaria investigaba a Alperi no era obligatorio darle audiencia al afectado, la defensa de Solana destacó que ello no significa que tenga que dejar de cumplir el derecho de defensa que recoge la Constitución, lo que habría permitido regularizar la situación fiscal en la vía administrativa. De este modo, señaló el abogado, se cercenó la posibilidad de defensa de Díaz Alperi, quien podría haber evitado así la remisión del expediente al Ministerio Público.

El abogado del exalcalde, Vicente Grima, se adhirió a las cuestiones previas planteadas por la defensa de Solana y también resaltó que se ha vulnerado el derecho a la no autoincriminación. Grima solicitó al juez que se excluya toda la documentación obtenida por Hacienda con requerimientos con amenazas de sanciones a Díaz Alperi.

Los abogados del empresario de Madrid Antonio Moreno y de Javier Palacio no plantearon cuestiones previas sobre el fondo del asunto y tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado rechazaron que se hayan vulnerado derechos fundamentales de los acusados en este proceso.

En este sentido, el abogado del Estado destacó respecto a la posible vulneración del derecho a no autoincriminarse que no se produjo porque en ningún momento se ha reconocido que el barco de Alperi se compró con dinero de Solana y eso se descubre en la instrucción penal.

Para el fiscal del caso tampoco se ha vulnerado ningún derecho y sobre los requerimientos de Hacienda cuestionados por las defensas la ley los habilita y además no era necesario el trámite de audiencia previa. En este sentido, el fiscal comparó la situación con una investigación policial en la que no se informa al investigado hasta el momento en que es detenido.

Antes de concluir la primera jornada del juicio que se dedicó exclusivamente a las cuestiones previas, el juez admitió una prueba documental aportada por el abogado Francisco Ruiz Marco, defensor del gerente del puerto deportivo, sobre los puntos de amarre y el intercambio comercial entre Javier Palacio y Antonio Solana, además de dar luz verde a la declaración de una perito de Hacienda a petición del fiscal.

Lo que sí rechazó el magistrado fue la petición del abogado de Alperi para que sea excusado de asistir a las sesiones del juicio excepto el día que tenga que declarar. Presentaron un informe médico que recoge que padece dolores si está sentado más de 45 minutos en el mismo lugar, pero tanto el fiscal como el abogado del Estado se opusieron a esta dispensa al enfrentarse a penas de más de tres años de prisión.

También rechazó una petición similar del abogado del empresario de Madrid acusado de ayudar a Alperi a cometer el fraude fiscal, quien tendrá que acudir a todas las sesiones. El juicio se reanudará el próximo 21 de mayo en el juzgado de lo Penal número 6 de Alicante con la declaración de Luis Díaz Alperi y del resto de acusados.