La guerra política abierta bajo la bandera del plurilingüismo ha llevado al conseller a declarar su absoluta «tranquilidad», frente a la amenaza de posibles recursos jurídicos a la Ley Plurilingüe que quiere poner en marcha en septiembre, y al Partido Popular a asegurar que ya cuenta con un centenar de quejas de docentes contra el conseller, apenas 24 horas después de poner en marcha una campaña contra el «adoctrinamiento» en las aulas.

En la batalla también participa el sindicato docente mayoritario, STEPV, que califica esta campaña del PP de «ataque a la profesionalidad del profesorado», ponen sus «servicios jurídicos» a disposición del profesorado que se sienta atacado, e insta al grupo político al que culpa de los recortes en la enseñanza, a que retire la campaña porque considera «inadmisible la persecución a las escuelas y al profesorado» en la Comunidad.

Mientras el conseller asevera que la Ley Plurilingüe «recoge las aportaciones» que hizo en su día el propio Ministerio de Educación», que «las dudas están centradas en promover o no el valenciano, cuando eso está establecido en el propio Estatuto de Autonomía y es evidente que no pone en cuestión el conjunto de la Ley», y que también se incluyen las «sentencias del Tribunal Supremo» sobre la enseñanza del castellano en territorios con lengua propia; la portavoz del PP en materia educativa en Las Cortes, Beatriz Gascó, anuncia la implicación de los «servicios jurídicos» de su partido para que «valoren si hay responsabilidad en utilizar los servicios públicos para hacer campaña electoral».

Gascó se refiere a una carta del conseller a los profesores sobre las mejoras introducidas por el actual Consell en las aulas. «Se quejan de que la verdad de las escuelas son ellos», de que «no coincide» con lo que les dice Marzà, y de que se les trata como «si fueran menores de edad», concluye.