El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha vuelto a sentenciar en contra del modelo de enseñanza plurilingüe del conseller, Vicent Marzà, y declara nulo parte del decreto original de 2017 -pese a estar derogado por la propia Conselleria de Educación-, por entender que discrimina al castellano frente al valenciano.
Así lo expresaron en su recurso colectivos de padres de alumnos de enseñanza tanto pública como concertada, a quienes los jueces dan la razón al estimar que parte del articulado que aprobó el Consell «vulnera la Constitución, es contrario a la legislación nacional y autonómica, y discrimina el castellano frente al valenciano».
El TSJ llega a sugerir que primero elijan los padres y después la Administración organice los planes lingüísticos según esa elección.
Pese a que el decreto de plurilingüismo que anula parcialmente el tribunal ya está formalmente derogado, los magistrados sostienen que «sus efectos se prolongan en el tiempo», porque los mismos postulados se han «asumido» y reproducido tanto en el decreto ley aprobado por urgencia por el Consell el 1 de septiembre -para los niños de 2 y 3 años- y exclusivamente este curso-, como en la nueva Ley de Plurilingüismo ratificada por las Cortes y que se prevé poner en marcha el curso que viene en Infantil y primeros cursos de Primaria.
Cinco sentencias
Este mismo Tribunal recuerda que ya ha dictado cinco sentencias sobre recursos interpuestos contra el plurilingüismo «en el mismo sentido», por implicar «la eliminación de la opción del castellano en la mayoría de los centros sostenidos con fondos públicos».
Para los jueces supone una «discriminación o segregación» para el castellano en los centros de doble línea, con aulas de castellano y de valenciano.
La sentencia estima que la opción de la enseñanza en castellano «únicamente se ha mantenido donde históricamente no se ha hablado valenciano y como opción intermedia en los centros concertados».
Dicen los jueces que «ninguna de las dos lenguas tiene carácter exclusivo ni excluyente, han de estar presentes en una proporción razonable», y limita la potestad de los políticos a «la garantía de uso normal de las lenguas cooficiales y la prohibición de medidas excluyentes o desproporcionadas que impliquen un desequilibrio».
El presidente de la Diputación, César Sánchez, del PP, única institución pública que recurrió el plurilingüismo, aplaude esta nueva sentencia, y la portavoz de Educación del mismo grupo vuelve a exigir la dimisión de Marzà.
