El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha declarado la nulidad parcial del decreto de plurilingüismo pese a estar derogado por la propia Conselleleria de Educación, por entender que establece el modelo lingüístico educativo valenciano y discrimina al castellano.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal ha estimado los recursos interpuestos por varios colectivos de padres de alumnos, y anula los artículos 9.4, 17, 18, 19, 20 y 21, la disposición adicional octava y los anexos XI y XII del Decreto 9/2017 aprobado por el Consell y posteriormente derogado con el propósito de poner en marcha el próximo mes de septiembre la nueva Ley de plurilingüismo.
Para el tribunal, que ya había suspendido del decreto de manera cautelar, los citados artículos vulneran la Constitución, son contrarios a la legislación nacional y autonómica, y suponen una discriminación del castellano frente al valenciano en las aulas.
Explica el TSJCV en un comunicado que, pese a que la norma fue formalmente derogada, sus efectos se prolongaban en el tiempo por haberlo asumido el decreto ley 3/2017, de 1 de septiembre, del Consell, por el que se adoptan medidas urgentes para la aplicación, durante el curso 2017/2018 de los proyectos lingüísticos de centro (PLC) entre los niños de 2 y 3 años de edad, todavía vigente; y también por Ley valenciana 4/2018 (disposición transitoria segunda) aprobada en febrero, que regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano y que se prvé poner en marcha el curso que viene.
Cinco sentencias
La Sala ha dictado cinco sentencias que resuelven en el mismo sentido los recursos interpuestos contra el decreto de plurilingüismo.
En todos los fallos se concluye que esta norma -cuyo contenido los magistrados insisten en que fue asumido por el decreto ley, aprobado en septiembre, a punto de comenzar el curso, para esquivar la orden del TSJ que obligaba a mantener el modelo anterior, y también por la ley aprobada el pasado mes de febrero-, "ha supuesto la eliminación de la opción del castellano en la mayoría de los centros sostenidos con fondos públicos" porque "impide la coexistencia de un programa plurilingüe en castellano y valenciano, sin que se haya acreditado que tal coexistencia genere discriminación o segregación".
La sentencia estima que la opción de la enseñanza en castellano "únicamente se ha mantenido" en aquellos territorios de cada una de las provincias donde históricamente no se ha hablado valenciano, "y como opción intermedia en los centros concertados".
Para el tribunal "la inmersión lingüística tiene cabida siempre que exista oferta alternativa de enseñanza sostenida con fondos públicos, en la que se utilice como vehicular cada una de las lenguas cooficiales".
Y añade que "ninguna de las dos lenguas tiene carácter exclusivo ni excluyente" y que ambas "han de estar presentes en el sistema educativo en una proporción razonable, no existiendo un derecho de opción a estudiar exclusivamente en castellano o en la lengua cooficial de las comunidades autónomas donde exista".
Según la citada jurisprudencia, "el ejercicio de la potestad legislativa en materia lingüística encuentra sus límites en la necesaria preservación de la garantía de uso normal de las lenguas cooficiales y en la prohibición de medidas excluyentes, peyorativas o desproporcionadas que impliquen un desequilibrio para alguna de las lenguas oficiales".
La sala entiende que "debe existir una oferta alternativa razonable y proporcionada para los padres que quieran que sus hijos estudien en castellano puedan optar a ella".
Y concluye que este derecho de los padres no puede ser sustituidos ni por la Administración ni por el Consejo Escolar ni por las Asociaciones de Padres.
"La mejor forma de ajustar la demanda de los padres y la oferta de la Administración es dejarles que opten primero y organizar los planes lingüísticos de centro en función de su elección".
Se insiste en que "los padres entre el 22 y 29 de mayo de 2017 tuvieron que elegir centro con el programa plurilingüe aprobado, además, prácticamente no podían elegir centro".
Diputación
Por su parte el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, del PP, ha aplaudido la decisión del Tribunal Superior de Justicia valenciano que da "la razón a lo que siempre se ha mantenido" desde la institución.
"No se puede imponer una lengua sobre otra en la educación de nuestros hijos", precisa Sánchez.
En un comunicado, el presidente enfatiza que "tanto la lengua valenciana como castellana deben estar presentes en el sistema educativo de nuestro territorio en una proporción razonable, ya que ninguna de las dos lenguas tiene carácter exclusivo ni excluyente sobre la otra".
Por otra parte, el responsable del Gobierno Provincial ha vuelto a instar al Consell "a propiciar el diálogo, a dejar atrás las políticas de imposición a las que nos tiene acostumbrados y a no utilizar como instrumento ideológico y político la lengua vehicular de nuestros hijos en las aulas".
El presidente ha recalcado que "la potestad legislativa en materia lingüística encuentra sus límites en la garantía de un uso equitativo de las lenguas cooficiales, así como en la prohibición de medidas excluyentes, peyorativas o desproporcionadas que impliquen un desequilibrio para alguna de nuestras lenguas oficiales".
Marzà
Por su parte, desde la Conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà, precisan que la nueva sentencia del TSJCV, respecto al decreto de plurilingüismo derogado hace meses, "no es firme", al tiempo que muestra su desacuerdo con esta sentencia de la sección cuarta de la sala contencioso-administrativa.
La Generalitat recuerda e insiste en que el decreto al que hace referencia el fallo "no está en vigor".
Educación enfatiza que "el plurilingüismo educativo está regulado mediante la Ley de Plurilingüismo aprobada el 14 de febrero de 2018 en las Cortes Valencianas".
Y concluye que la sentencia comunicada por el TSJCV "no afecta ni al funcionamiento normal de los centros educativos, ni al alumnado, ni al profesorado" de la Comunidad.
El PP
A su vez, la portavoz de Educación del PP en Las Cortes, Beatriz Gascó, exige el cese inmediato de Marzà "por intentar imponer su modelo separatista de forma ilegal".
Considera que "Marzà tiene que irse ya porque la Justicia ha ratificado lo que venimos denunciando hace tiempo: que utiliza el chantaje para imponer el valenciano y la ideología separatista de Compromís en las aulas, primándolo sobre la formación académica del alumnado valenciano".
Gascó apunta que la propia sentencia indica que "el contenido del decreto derogado se mantiene en la actual ley vigente, aprobada en febrero, que vulnera las normas estatales y la Constitución".
La portavoz popular responsabiliza directamente a Puig de esta situación. "Puig debe asumir sus responsabilidades políticas tras el nuevo varapalo del TSJ, cesar ya a Marzà y retirar la nueva ley antes de que sea demasiado tarde y no vuelva a imponer a nuestros niños una norma ilegal", señala.
Gascó también ha anunciado la petición de comparecencia de Marzà en Las Cortes "tras esta sentencia para que explique por qué está intentando imponer su modelo catalanista a toda la sociedad aunque la Justicia se lo tumbe".
"Puig y Oltra -concluye- intentaron a través de la abogacía de la Generalitat paralizar esta sentencia a sus decretos para que no se conociera la verdad, y no se visibilizara el sectarismo y el intento de manipulación social de este Consell".
La dirigente del PP sostiene que "la transparencia hay que aplicarla no solo a cuestiones económicas sino también a las decisiones ideológicas que vulneran derechos fundamentales de la ciudadanía. Puig y Oltra están intentando arrebatar a la ciudadanía su libertad", indica.
Para Gascó "el comportamiento de Marzà es inadmisible en un estado de derecho. En tres años ha ido más allá de lo que pensábamos cuando llegó al cargo pues ni siquiera hace caso a la Justicia en su afán de ideologización catalanista".
Y puntualiza que "los niños de infantil están estudiando con un decreto-ley que mantiene vivo el espíritu del decreto del chantaje lingüístico, al igual que lo hace la ley lingüística aprobada recientemente. Marzà es un peligro para el alumnado y la sociedad valenciana. Hay un fracaso evidente de su falta de gestión. En tres años de legislatura no se le puede atribuir nada. Lo único que ha hecho es trazar una hoja de ruta a nivel social y educativo creando una oficina de derechos lingüísticos, un decreto de usos administrativos o tres normas lingüísticas que vulneran derechos fundamentales"
