La polémica por la apertura del comercio en festivos no abandona la agenda política. Dos meses después de que una ley cerrara en las Cortes dos décadas de debate político, jurídico y comercial entre pequeños establecimientos y grandes superficies, el Gobierno reabre la polémica. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha convocado una comisión bilateral con la Generalitat para impugnar determinados artículos de la última ley de acompañamiento del Consell, donde se incluyeron varias modificaciones sobre la apertura en festivos.
La Comisión Bilateral es una herramienta de la relación entre el Estado y las autonomías que, en la práctica, funciona como un acto de conciliación previo a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad.
El Gobierno cuestiona principalmente dos aspectos de la nueva normativa de horarios comerciales aprobada por la Conselleria de Economía, con el consenso del sector, y que en València ha supuesto la reducción de las aperturas en festivos de 63 días a 38 domingos y festivos. En las Corts solo se opuso el PP.
El primer aspecto al que apunta el Gobierno es que la Generalitat imponga el cierre del comercio en determinados días del año. El Estado reconoce la competencia de la autonomía para regular en materia de comercio interior y, por tanto, regular los horarios comerciales: «Pero no pueden establecer qué domingos y festivos serán inhábiles a efectos comerciales».
En este sentido, la normativa autonómica impulsada por la Dirección General de Natxo Costa, establece que los días 1 de enero, 6 de enero, 1 de mayo, 9 d'Octubre y 25 de diciembre o 26 de diciembre, no tienen la apertura permitida. Fue una de las concesiones que el gran comercio realizó y es una prohibición que impera en toda la autonomía desde este año. La conselleria celebró blindar el cierre en días señalados, como el 9 d'Octubre, en aras de la conciliación de los trabajadores.
Sin embargo, el Gobierno sostiene que este artículo va contra la ley estatal de horarios comerciales, de 2004, y que determina que para fijar los festivos de apertura se deberá «atender de forma prioritaria al atractivo comercial de los días para los consumidores».
Además, el Gobierno cuestiona que dentro de una zona de gran afluencia turística se imponga un cierre. «La Ley establece que dentro del periodo determinado habilitado para abrir no se pueden poner limitaciones», sostienen fuentes gubernamentales. De nuevo la normativa valenciana entraría en conflicto con la ley estatal de 2004, según la cual los establecimientos dentro de una zona de gran afluencia turística tendrá plena libertad de horarios.
El director general de Comercio, Natxo Costa, cree que estas salvedades podrán reconducirse, ya que existe una sentencia del Tribunal Constitucional que da la razón a Cataluña sobre la posibilidad de prohibir la apertura en determinados días. En última instancia, desde la conselleria confían en que los operadores respetarían el cierre en estos días, ya que así se acordó en el pacto político al que llegaron el pequeño y gran comercio.
Por otro lado, el Estado recurre un segundo aspecto de la nueva normativa: el plazo de caducidad de cuatro años que se fija para las zonas de gran afluencia turística (ZGAT). La Abogacía del Estado entiende de nuevo que puede contravenir la ley estatal básica. Y lo considera un límite al libre mercado. La Conselleria de Economía sostiene que esta revisión cada cuatro años no es una caducidad impuesta sino un trámite para certificar que las zonas de gran afluencia siguen cumpliendo las condiciones que motivaron su declaración.
Al margen de esto, el Gobierno también pone en cuarentena, bajo amenaza de recurso de inconstitucionalidad, la creación por parte del Servef de 120 nuevas plazas de orientadores laborales. Unas plazas que se concederían a los actuales orientadores, con carácter de personal interino de urgencia.
