Más de 4.000 personas participaron en las iniciativas de inserción laboral de Cruz Roja durante el pasado año en toda la provincia de Alicante. De ellas, más de 2.400 fueron mujeres (el 59%), que siguen siendo el grupo con más dificultades para acceder al mercado laboral, seguido de las personas migrantes y refugiadas, los jóvenes sin cualificación y las personas desempleadas con más de 45 años.
El balance del Plan de Empleo de Cruz Roja en 2017, que fue dado a conocer ayer, indica que más de 540 personas han accedido a un empleo con el apoyo de Cruz Roja. Por otro lado, más del 50% han mejorado sus competencias y más de 760 se capacitaron en un oficio, aumentando por tanto sus posibilidades de acceder a un empleo.
Además, el Plan de Empleo contó el año pasado con la colaboración de más de 39 personas voluntarias de Cruz Roja que aportan su tiempo, sus conocimientos y su experiencia para apoyar a quienes más lo necesitan, en este caso para acceder al mercado laboral.
Las actuaciones del Plan de Empleo de Cruz Roja desde su puesta en marcha en el año 2000 están dirigidas a apoyar el empleo de quienes lo tienen más difícil, desde la orientación a la búsqueda de trabajo hasta la propia inserción laboral, pasando por acciones formativas y prácticas profesionales que permitan trabajar en un sector determinado.
"El Plan de Empleo es un puente entre las personas vulnerables y el mercado laboral. La fórmula funciona cuando sumamos la colaboración de las empresas, que valoran mucho la motivación y la preparación de los participantes, así como la profesionalidad y dedicación de los equipos de empleo de Cruz Roja", señalan desde la entidad.
El Plan de Empleo de Cruz Roja ha contado en 2017 con más de 330 empresas colaboradoras que han permitido gestionar más de 322 ofertas de empleo y más de 340 prácticas formativas en diferentes sectores que necesitan profesionales y apuestan por brindar una oportunidad a quienes más lo necesitan.
Además, en este esfuerzo, el Plan de Empleo de Cruz Roja Española cuenta con el apoyo de las administraciones públicas a través de los programas operativos de empleo, POEJ y POISES, financiados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo Social Europeo.
