El Partido Popular reclamó ayer para el exalcalde de Alicante doce años y siete meses de inhabilitación por el presunto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio, según el escrito de acusación presentado ayer en el juzgado. El PP está personado como acusación particular en la investigación y su denuncia fue la que puso en marcha la investigación. Para Pedro de Gea y Lalo Díez, asesor de Comercio y jefe de gabinete de Alcaldía respectivamente, se reclaman siete años de inhabilitación sólo por prevaricación. El doble procesamiento de Echávarri por este caso y por el despido de la cuñada del portavoz del PP precipitó sui marcha de la Alcaldía-

Aunque la juez instructora les procesó a ambos también por un delito de usurpación de funciones, que está castigado con penas de entre uno y tres años de cárcel en el Código Penal, el PP no ha presentado acusación alguna por este otro delito. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que no habían visto suficientes indicios para pedir penas de cárcel por la usurpación.

En el escrito de acusación, el abogado del PP relata que los hechos se remontan a los meses de noviembre y diciembre de 2016, a raíz de una modificación de créditos aprobada por el pleno municipal, la concejalía de Comercio dispuso de una cantidad presupuestaria adicional cercana a los 200.000 euros. El dinero se gastó en distintos contratos menores, concretados en 25 operaciones y facturas por un importe global de 189.762 euros. El dinero se repartió en tres grandes bloques: la gala del comercio (32.353 euros), renovación de la cartelería de dos mercados municipales (32.950 euros) y promoción publicitaria (124.489 euros).

Los populares sostienen que los acusados utilizaron «a sabiendas» la figura del contrato menor cuando eran «plenamente conscientes» de que el procedimiento era otro distinto que por la duración de sus trámites habría hecho imposible la contratación. Mediante la fórmula elegida, el PP entiende que vulneró el procedimiento que correspondía y se obviaron los principios de transparencia, libre acceso y competencia de otras empresas que se vieron privadas de acudir a un procedimiento de contratación. «Todos estos actos fueron realizados en ejecución de un plan preconcebido» para gastar las cantidades disponibles en un plazo concreto.

El escrito de acusación del PP considera que las facturas de la gala del comercio correspondían a la campaña «Alicante está de moda» y se dividieron en cuatro diferentes como contratos menores. En este sentido recuerdan que tres de las cuatro facturas de este apartado se emitieron en el mismo día. También señala el escrito de acusación que no existía motivo alguno para contratar independientemente la cartelería de los mercados municipales y menos aún cuando se contrató a la misma empresa y con una diferencia de tan sólo diez días.