En una de las últimas decisiones del gobierno socialista saliente del Ayuntamiento de Alicante, la concejalía de Deportes que dirigía la exalcaldesa en funciones Eva Montesinos ordenó el pasado viernes, un día después del relevo en la Alcaldía, la suspensión del servicio de ambulancias en el deporte escolar tras las múltiples irregularidades en el contrato que se adjudicó el pasado 27 de febrero y que ha venido publicando este diario.

Así lo confirmaron ayer el propio adjudicatario del servicio, Grupo Empresarial Saex, y fuentes del área municipal de Deportes. De modo que durante todo el día no hubo ninguna ambulancia en su ubicación habitual entre las piscinas del Monte Tossal y el Pabellón Pitiu Rochel entre las 9 de la mañana y las 21.00, tramo en el que se concentra el grueso de los partidos del deporte escolar.

Un total de 95 partidos de los diferentes deportes y categorías de los Juegos Escolares se disputaron ayer repartidos por las instalaciones públicas y privadas -colegios e institutos- que acogen estos campeonatos en los que participan anualmente unos 6.500 niños desde octubre.

La ambulancia que presta el servicio cada sábado tenía su base en las piscinas del Monte Tossal y desde allí se desplazaba a cualquier instalación en la que pudiera registrarse una emergencia de salud. Pero ayer no hubo vehículo sanitario alguno.

El adjudicatario del contrato, que opera con la marca comercial SOS Levante, confirmó que el pasado viernes recibió una llamada de la jefa del Servicio de Deportes, Celia Meseguer, que le notificó que el servicio de ambulancias quedaba suspendido hasta que la empresa regularizara su situación.

Al mismo tiempo, el técnico superior de la concejalía comunicó a los empleados del área que este fin de semana no habría vehículos sanitarios para el deporte escolar y argumentó que este servicio «no es obligatorio por ley, sino un valor añadido del Ayuntamiento». Y en el caso de que se produjera algún incidente, se llamaría a la ambulancia de Emergencias.

Grupo Empresarial Saex, con sede en El Campello, se adjudicó este contrato para un año y por 49.700 euros, pese a que no ha podido acreditar aún estar en posesión en el momento de la licitación de la tarjeta de transporte de uso público, preceptiva según la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres. Su propietario reiteró ayer que sí dispone de la correspondiente autorización, pero no puede aportarla por un error informático en el Registro de Empresas del Ministerio de Fomento.

Esta mercantil ganó el concurso en un procedimiento negociado sin publicidad y en competencia con otras dos -Instituto de Formación en Salvamento y Socorrismo y Levantina de Servicios 3000 SL-, que tampoco disponían de tarjetas de uso público en el momento de la adjudicación, ni tenían ambulancias para prestar el servicio. La primera de esas firmas aseguró que tenía intención de subcontratar los vehículos sanitarios, pero la ley sólo le permite esa figura en un 60% de la cuantía del contrato.

Montesinos y el resto del gobierno socialista saliente subrayaron la legalidad del procedimiento, al que puso reparos la asesoría jurídica municipal, pero en ningún momento explicaron por qué se eligieron esas tres empresas y no otras. Un portavoz de la anterior Alcaldía aseguró que la propuesta de las mercantiles partió de la médico de la concejalía, pero esta funcionaria recalcó ayer que ella no interviene en asuntos de contratación.

Mientras, otras empresas del sector del transporte sanitario y el PP, en la oposición hasta el pasado jueves, hablaron abiertamente de «amaño» y «traje a medida» en la adjudicación del contrato.