Un total de 7.805 personas, consideradas dependientes, están a la espera de recibir esta prestación en la provincia de Alicante, unos datos que ponen en evidencia el largo camino que queda por recorrer en el modelo de atenciones de toda la Comunidad, puesto que siguen existiendo fallecimientos de personas que esperan una ayuda a la que tienen derecho.

La Conselleria de Igualdad hace una media de 1.500 valoraciones al mes en la provincia, triplicando la cifra de años atrás. Recordar que en 2014 no se llegó a hacer ni una sola valoración en toda la Comunidad Valenciana. No obstante, aunque los esfuerzos autonómicos están dando sus frutos y la cifra global se ha reducido en casi 7.500 personas desde 2015, el colapso sigue siendo una realidad.

El «crónico incumplimiento» económico por parte del Gobierno central ha agravado la situación, tal y como han confirmado fuentes de la Conselleria de Igualdad, que han apuntado que «si Rajoy diera el dinero que le corresponde, habríamos acabado ya con la lista de espera».

Al respecto, la aportación del 50% que marca la ley se quedó el año pasado en tan sólo un 15,5% por parte del Estado (un tercio de lo comprometido) «lo que implica que la Generalitat asume hasta un 73% del coste total», según ha asegurado la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra.

En este sentido, el Informe del Observatorio Estatal para la Dependencia constata que los 36,2 millones que la Comunidad Valenciana dejó de recibir del Ministerio en 2017 por la supresión del nivel acordado y el recorte de mínimo, «hubieran permitido atender a 5.237 personas más».

Para Mónica Oltra, este informe muestra «la buena marcha en la gestión de esta ayudas en la Comunidad» y la sitúa como una de las autonomías «donde más continúa avanzando el sistema de atención a la dependencia en 2017». La vicepresidenta ha insistido en que a pesar de los buenos resultados conseguidos «estamos todavía lejos de alcanzar nuestro objetivo de que todas las personas dependientes sean atendidas como merecen», y ha asegurado que «vamos a seguir trabajando para situarnos entre las primeras autonomías en la gestión del sistema».

Por su parte, la recién estrenada concejala de Acción Social del PP en Alicante, Mari Ángeles Goitia, ha afirmado que, hasta ahora, tanto el tripartito como el propio PSOE cuando ha gobernado en solitario, «siempre han estado diciendo que lo estaban haciendo fenomenal en el área social y con la Dependencia, pero ahora vemos que cuando vienen los problemas, cuando es el momento de dar explicaciones por sus incumplimientos, es cuando derivan las responsabilidades a otros».

Según la edil «como la Generalitat Valenciana ha incumplido sus promesas en materia social no se asume ninguna responsabilidad», añadiendo que «los que decían que iban a rescatar a las personas han fracasado». Goitia ha afirmado que «la izquierda siempre coge la bandera de las causas sociales, pero una cosa es hablar y otra es trabajar de verdad por las personas e interesarse por sus problemas, y eso han demostrado que no lo han hecho».

La asesora de la Plataforma de la Dependencia de la Comunidad Valenciana, Sandra Casas, ha asegurado que los esfuerzos «no son suficientes» porque «hay dependientes sin atención, gente que muere sin ser atendida y familiares que no tienen recursos para afrontar esta situación».

La también fundadora de Abogacía y Acción para la Justicia Social ha indicado que «sabemos el tapón que había y los esfuerzos que está realizando la Conselleria y por ello pedimos al Gobierno de Rajoy la financiación del 50%». Además, Casas ha instado al Gobierno valenciano a «mover ficha» para que «todas las comunidades se planten ante el ministerio y luchen por esa financiación y por nuestros derechos, porque si no, siempre vamos a tener este lastre».

Más de 20.000 beneficiarios

En estos momentos hay 20.698 personas que se benefician de las ayudas a la Dependencia en sus diferentes modalidades, alrededor de 7.000 más que cuando gobernaba el PP en la Comunidad. Para agilizar el sistema, el actual Gobierno autonómico ha formado en la provincia a 126 personas que se encargan de las valoraciones para agilizar los expedientes.

También existen equipos móviles para hacer valoraciones en los domicilios. La implantación del nuevo sistema se ha realizado de forma escalonada con la incorporación progresiva de valoradores en los equipos base de los servicios sociales de los municipios de la Comunidad Valenciana.

En estos momentos hay 243 centros con valoración y atención a la dependencia y 443 valoradores formados en toda la Comunidad Valenciana. Para los servicios municipales se ha destinado un incremento presupuestario para crear una red que permita a los ayuntamientos asumir la valoración y tramitación de expedientes.

El presupuesto destinado a políticas sociales ha pasado de 600 a 1.200 millones en la Comunidad. Fuentes de la Conselleria han asegurado que «hemos duplicado los esfuerzos pero somos conscientes de que todavía fallece gente sin recibir la ayuda porque sigue existiendo lista de espera», añadiendo que «entendemos que queda mucho por hacer, pero no tenemos una varita mágica. Hemos avanzado mucho porque incluso ahora se paga el mismo mes cuando antes se abonaba a los cuatro meses. Hemos venido a trabajar y poco a poco se están dignificando estas prestaciones».

Aumentan las solicitudes

Si se analizan las cifras de solicitudes de valoración de la dependencia por años, se puede observar un significativo aumento. En 2016, 6.772 personas pidieron esta prestación mientras que en 2017 fueron 22.271. Según la Conselleria, esta subida se debe a que «la gente ha comenzado a ver que el sistema empieza a funcionar y se anima a pedir la ayuda, los ciudadanos comienzan a confiar en el sistema».