Ya desde su fase inicial, desde la misma convocatoria, el controvertido contrato de las ambulancias para los Juegos Escolares de Alicante suscitó dudas sobre la idoneidad del procedimiento negociado sin publicidad elegido para contratar este servicio de transporte sanitario por 49.700 euros durante un año. Así consta en el informe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento fechado el pasado 23 de noviembre, previo a la licitación, que también subraya que los requisitos de solvencia económica y profesional son responsabilidad exclusiva de la Concejalía de Deportes.
El contrato para el programa «Deporte Escolar y Jornadas Deportivas» se adjudicó el pasado 27 de febrero por la junta de Gobierno del Ayuntamiento a Grupo Empresarial Saex, una sociedad radicada en El Campelllo que concurrió junto a otras dos compañías -Levantina de Servicios 3000 SL e Instituto de Formación en Salvamento y Socorrismo-. Ninguna de las tres tenía en su poder en el momento de la licitación la tarjeta de transporte de uso público, que es preceptiva según la Ley de Transportes Terrestres.
Además de la carencia de la obligatoria autorización, como consta en el Registro del Ministerio de Fomento, las dos mercantiles no adjudicatarias tampoco tenían en ese momento ambulancias en propiedad ni el personal necesario para desempeñar el servicio, entre otras «irregularidades» denunciadas por empresas del sector del transporte sanitario.
Tres meses antes de esa adjudicación y en fecha previa a la licitación, la asesoría jurídica municipal dio luz verde a la convocatoria del contrato, pero no sin reseñar que en la memoria del expediente «se estima adecuado el procedimiento negociado sin publicidad pero sin justificar el porqué de la elección de dicho procedimiento».
Una portavoz de Alcaldía explicó que este procedimiento se eligió porque los Juegos Escolares ya habían comenzado en octubre, la cuantía lo permitía y porque el objetivo primordial «es que el servicio le cueste lo menos posible al Ayuntamiento y se planteó un proceso totalmente objetivo con sobre cerrado y criterio único: el precio de las propuestas».
En cuanto «a los aspectos económicos y técnicos objeto de negociación y los medios para acreditar la solvencia económica y financiera y técnica y profesional», la asesoría jurídica pone de relieve «que han sido elaborados por el órgano gestor [la Concejalía de Deportes], siendo por lo tanto de su responsabilidad».
En lo tocante a la solvencia técnica y profesional, en el expediente figura el certificado emitido por otra empresa del administrador de una de las licitadoras -Instituto de Formación en Salvamento- a favor del adjudicatario. Un hecho que, a juicio de los denunciantes y del PP, demuestra «la complicidad» entre, al menos, dos de las tres mercantiles del concurso.
