El polémico contrato de las ambulancias para los Juegos Escolares de Alicante no sólo abona entre las empresas del sector del transporte la sospecha de un posible «amaño», sino que también presenta muchas lagunas en cuanto a su rigor técnico y su control de cumplimiento de la legalidad vigente.
Así se desprende del informe aportado al expediente por la Concejalía de Deportes el pasado 8 de febrero en el que se acreditaba la solvencia técnica o profesional del adjudicatario, Grupo Saex, a pesar de que la empresa ganadora del concurso carece de la preceptiva tarjeta de transporte de uso público e incumple otros requisitos contemplados en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres que entró en vigor en enero de 2014.
En su acuerdo de adjudicación del pasado 27 de febrero, la Junta de Gobierno Local reflejó que «obra en el expediente un informe emitido por la responsable del contrato, de fecha 8 de febrero, acreditativo del cumplimiento por el licitador clasificado de los requisitos de solvencia económica y financiera de una parte, y técnica o profesional de otra, en relación con el objeto del contrato, conforme a los medios establecidos en los pliegos (...). Asimismo queda constancia en el expediente de su capacidad y representación para contratar con este Ayuntamiento».
Sin embargo, la firma ganadora de este procedimiento negociado sin publicidad por 49.700 euros para un año de vigencia no sólo carece de la citada tarjeta de transporte sanitario, sino que tampoco cumple otros requisitos contemplados en el artículo 10 de la ley reguladora.
En contra del informe de solvencia técnica o profesional aportado por la Concejalía de Deportes, la adjudicataria no está en posesión del certificado ISO 9001, de acuerdo con la norma UNE para sistemas de gestión de la calidad para empresas de transporte sanitario. Así lo ha reconocido el administrador único de la empresa, que también admite que no cuenta con el mínimo legal de ocho ambulancias porque considera que la norma anterior a la vigente desde 2014 le habilita para disponer de una flota de al menos tres vehículos y le autoriza a prestar el servicio sin los referidos certificados de calidad.
Por su parte, la concejalía sostiene que el informe de solvencia técnica o profesional que aportó para justificar la adjudicación del contrato a Saex se basó en la tarjeta de transporte presentada por la mercantil y expedida por la Junta de Extremadura -una tarjeta que estaba caducada el 31 de mayo de 2017- y en el aviso de la renovación de esta autorización con la que supuestamente podía prestar el servicio.
La notificación para la retirada de la tarjeta de transportes definitiva, «a la mayor brevedad posible», se emitió el 10 de mayo del año pasado, pero la adjudicataria sigue sin disponer de la autorización. El administrador de Saex explicó que no ha tenido tiempo en los últimos 11 meses para desplazarse hasta Badajoz, donde antes tenía la razón social de su mercantil, y retirar la autorización.
La otras dos concurrentes en este procedimiento negociado sin publicidad -Levantina de Servicios 3000 SL e Instituto de Formación en Salvamento y Socorrismo- tampoco tenían la tarjeta de transporte de uso público en el momento de la adjudicación, ni ambulancias en propiedad, ni el personal necesario para prestar el servicio.
El gabinete de Alcaldía ha reiterado que todo el procedimiento es «legal» y que la propuesta de las tres empresas la realizó la médico de Deportes, pero la profesional sanitaria asegura que no se ocupa de la contratación. A su vez, la alcaldesa en funciones Eva Montesinos ha ordenado la revisión a fondo de todo el expediente.
