El administrador único de la mercantil licitadora de este concurso Instituto de Formación en Salvamento y Socorrismo, Cristian Silvestre, asegura que su firma «no es exactamente un centro formativo, sino una empresa que se inició con una actividad y se abrió a otras más como intermediaria de servicios, entre los que se encuentra el transporte sanitario y, aunque no tiene ambulancias, las puede subcontratar porque no estaba expresamente prohibido en ese contrato del Ayuntamiento».
En la nota del Registro Mercantil de Alicante expedida el pasado día 10, esta compañía consta en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) como de «educación primaria y edición de revistas». Y su objeto social es muy amplio, pero no guarda relación alguna con el transporte sanitario: «Enseñanza de Educación Básica: Educación primaria. (...). Otras actividades de enseñanza tales como idiomas, corte y confección (...). Otras actividades recreativas y de entretenimiento. Edición de libros y edición de revistas».
Y en lo que respecta a la mercantil Levantina de Servicios 3000 SL, que logró la segunda puntuación en el procedimiento negociado del Ayuntamiento, este periódico intentó infructuosamente contactar con su responsable mediante el teléfono aportado al consistorio en la documentación oficial del concurso. Fuentes del sector explicaron que esta compañía, radicada en Elche, prácticamente carece de actividad y meses atrás se dedicaba a la atención domiciliaria, pero sin tener tampoco tarjeta de transporte, ni ambulancias en propiedad, ni el personal requerido por la ley.
