Desde primera hora de la mañana cerca de medio centenar de integrantes de la ONG Stop Desahucios Alicante rodeaban una vivienda en el número 4 de la calle Abad Fernández Helguera, en el corazón de la Zona Norte de Alicante.
El desahucio de ayer fue el primero que se lleva a término durante los últimos cinco años. Hasta ahora, el colectivo que ayuda a las personas desfavorecidas que se quedan sin vivienda por falta de pago había logrado pararlos todos. Hasta ayer.
«Es demencial. Los agentes de la Policía Nacional han tirado la puerta abajo y la afectada se ha caído, derrumbada con un ataque de nervios al verse tan sola y en la calle».
Desiré Gómez, una de las integrantes de Stop Desahucios y de la Plataforma de Afectados contra la Hipoteca, PAH Alacantí Nord, relata desolada el infructuoso intento del colectivo por tratar de mantener a la mujer, de origen árabe, en la vivienda donde le abandonó su marido hace casi tres años y en la que se ha mantenido hasta ayer sin ningún tipo de ingresos.
«A lo largo de más de dos años le hemos ayudado con 50 euros al mes. Es una casa que no vale ni 5.000 euros y que Citibank vendió a Circlevil, un fondo buitre extranjero que le ha desahuciado porque carece de título alguno que le autorice a estar en la casa». Desiré explica los inconvenientes añadidos de la cultura árabe para la mujer, que no figura en ningún documento que le acredite a permanecer en la vivienda donde residía en Alicante desde que llegó con su marido, que la dejó hace tiempo.
Por toda familia, Stop Desahucios señala que cuenta con una hija y dos nietos pequeños que viven en una «caja de cerillas, por lo que no han podido acoger a la abuela en este tiempo».
Conocedores de la situación, desde los servicios sociales del Ayuntamiento de Alicante aseguraron que la afectada «está siendo atendida en función de las demandas existentes y de sus necesidades». Explicaron, además, a preguntas de este diario, que Acción Social promueve el acceso a un alquiler con ayuda y que se está estudiando esta posibilidad, aunque dada la urgencia de la actual situación de la afectada, lo más inmediato era acogerla en el el Centro de Atención al Indigente (CAI) ubicado en el barrio de San Blas. «Está destinado a las personas sin ningún tipo de recurso, aunque la demanda es muy alta y las plazas son limitadas», precisaron desde el Ayuntamiento.
Siempre según los datos de que disponen en Stop Desahucios, la afectada había solicitado una vivienda pública dada su situación «pero pese a haber acudido a todos los servicios públicos no le ha servido para nada, porque no se crea el parque de viviendas prometido y para lo único que le ha servido seguir el circuito oficial ha sido para acabar tirada en la calle como un perro», lamenta Desiré Gómez.
Susana García, miembro de Stop Desahucios, ironiza que la falta de viviendas sociales aboca a actuar desde la ilegalidad como okupa, tras lo sucedido, «a quien ha actuado legalmente».
