El todavía alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha pedido a la Audiencia Provincial que revoque su procesamiento por el despido de la cuñada del portavoz del PP, según confirmaron a este diario fuentes cercanas al caso. En el recurso de apelación, la defensa de Echávarri reitera que la medida fue legal y por lo tanto no puede existir un delito de prevaricación.
El juzgado de Instrucción dos de Alicante acordó la semana pasada procesar a Echávarri por el despido al ver indicios de delito en su actuación, con lo que son dos las causas judiciales por las que está a punto de ir al banquillo. Este doble procesamiento motivó la dimisión en diferido del alcalde que en la práctica ya ha cedido el testigo a Eva Montesinos, aunque su marcha no se oficializará hasta el 9 de abril.
En el escrito presentado por la defensa del alcalde, que está representado por el abogado José Díaz, se reitera lo que ha venido manteniendo desde el inicio del procedimiento: Que el despido de Catalina Rodríguez del Museo de la Lonja fue una decisión administrativa legal que contó con el respaldo de los técnicos, lo que hace imposible que se haya cometido un delito de prevaricación.
La defensa incide además en el hecho de que en el Ayuntamiento de Alicante había un total de 47 interinos con cargo a plaza, de los cuales 43 seguían prestando sus servicios en el mismo destino para el que fueron contratados. Por ello, se considera que sólo tres interinos, además de la propia Catalina Rodríguez, se encontraban en idéntica situación a la de la trabajadora cesada. La intención de Echávarri era la de despedirlos también, pero no pudo llevarla a cabo por el revuelo que levantó el polémico cese.
El despido se produjo después de que el portavoz del PP, Luis Barcala, hubiera presentado una denuncia en la Fiscalía contra Echávarri por un presunto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio, la segunda causa por la que el primer edil también acaba de ser procesado. La magistrada instructora, Patricia Romero, entendía que la decisión de Echávarri fue una represalia contra el PP. «Una evidente, flagrante y clamorosa desviación de poder, dando apariencia de legalidad a la voluntad del alcalde que se erige como fuente del Derecho y ejerciendo sus facultades de forma manifiestamente arbitraria», aseguraba el auto de procesamiento.
La magistrada sobreseía la causa para el edil de Recursos Humanos, Carlos Giménez, que también fue imputado por estos hechos. La juez entendía que el concejal actuó por orden del alcalde y no tuvo una participación real en el hecho delictivo.
La Audiencia tendrá que resolver ahora si hay suficientes indicios para llevar a Gabriel Echávarri al banquillo por un delito de prevaricación. Los recursos por el procesamiento del alcalde y sus asesores por las facturas de Comercio tardaron cuatro meses en resolverse.
