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La odisea de vivir de alquiler

La falta de suelo y apoyo a la promoción de viviendas para arrendar dispara un 17% en un año el precio en la provincia

Edificio dedicado al mercado de viviendas de alquiler en la Gran Vía de Alicante. ISABEL RAMÓN

La falta de suelo para responder a la gran demanda de vivienda en la provincia de Alicante, tanto turística como de primera residencia, ha provocado que el precio del alquiler de los pisos siga subiendo de forma imparable y en los últimos doce meses las personas que quieren arrendar una casa han visto como la tarifa media ha subido un 17% hasta situarse en los 737 euros, según los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística. Nadie sabe a ciencia cierta cuál puede ser la bolsa de viviendas potencialmente alquilables en la provincia y, además, un gran porcentaje de las que están en el mercado se vinculan al alquiler turístico, lo que en muchas ocasiones dispara aún más los precios. En estos momentos, por ejemplo, los pisos más caros para alquilar se localizan, por este orden, en la Playa de San Juan de Alicante, Benidorm y Torrevieja, con tarifas entre los mil y los 2.500 euros mensuales. No hay una gran oferta debido a que, según la Asociación Provincial de Promotores (Provia), el stock de vivienda nueva que se generó tras la explosión de la burbuja inmobiliaria ha desaparecido y ahora mismo, por ejemplo, todo se vende en plano -la promociones no arrancan si no se tiene el 50% vendido- y no hay, por ejemplo, ayudas públicas para fomentar que los promotores construyan urbanizaciones o bloques de viviendas dirigidos al mercado del alquiler, como sí ocurre en otras comunidades autónomas.

En la provincia de Alicante, el precio medio del alquiler de una vivienda por un año ha subido un 17% desde julio de 2016, y en estos momentos la tarifa media es de 736 euros mensuales por los 626 euros que se pagaban en marzo del año pasado. Los alquileres más caros se piden en Benidorm (1.274 euros/mes) y Torrevieja (1.059 euros al mes). En cuanto al precio medio por metro cuadrado, Benidorm sigue marcando el máximo (8,68 euros), seguida de Guardamar, El Campello y Alicante. Se da la circunstancia, por ejemplo, que en Benidorm puede haber en estos momentos unos 5.000 apartamentos destinados al mercado del alquiler y explotados bajo tres modalidades: los construidos en suelo terciario que ya se configuraron directamente para el alquiler, urbanizaciones enteras dedicadas a la venta de viviendas que se han transformado en complejos cuyos pisos se alquilan indistintamente a turistas y inquilinos convencionales, y las viviendas de alquiler que conviven en un edificio junto a casas con sus propietarios. Fórmula que, en menor medida, también se aplica en otros municipios de la provincia.

Nadie sabe a ciencia cierta cuántas viviendas pueden ofrecerse en alquiler en la provincia de Alicante. El único registro oficial es el que maneja la Agencia Valenciana de Turismo que las cifra en 26.344 casas, que se distribuyen por Benidorm (4.914), franja litoral (19.835) e interior (1.595). En el conjunto de la Comunidad Valenciana, Turismo tiene registradas 46.924 viviendas; 9.227 en València y 11.353 en Castellón.

Alquiler turístico en verano

Por otro lado, según un informe de la plataforma online de alquiler Homeaway, uno de los gigantes del sector, el propietario de un apartamento en Teulada-Moraira puede ganar, alquilándolo, 5.000 euros al mes entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Tras Teulada, los municipios más rentables para los propietarios son Xàbia, El Campello, Calp, Dénia, Benidorm, Alicante y Torrevieja.

Alicante siempre ha sido un destino apetecible tanto para pasar las vacaciones como para vivir, aparte de que a pesar de que el mercado de la vivienda se va reactivando es complicada la inversión para un gran sector de la población debido a que ahora para comprar se requiere disponer de un 20% del precio mas los gastos. Esto supone contar con un capital de antemano que, precisamente, debido a la crisis que hemos pasado, muchas personas no lo tienen aunque tengan trabajo. Han de pasar unos años para, incluso con trabajo, se pueda ahorrar esa cantidad.

La fórmula autonómica

El Consell ha invertido en los últimos tres años decenas de miles de euros en fomentar las ayudas al inquilino, pero sus desencuentros continuos con el Ministerio de Fomento le llevan a rechazar o condicionar cualquier propuesta que llega desde Madrid, la última esta misma semana. Por ello hay muchas dudas en el sector de la edificación de la provincia de que se vaya aceptar alguna de la dos propuestas que ha lanzado desde el Ministerio que dirige Íñigo de la Serna.

Ayudas para la construcción de viviendas dirigidas al alquiler con un precio de renta tasado y compromiso de mantener el modelo 25 años o, por ejemplo, construcción de pisos de una configuración especial dirigidas a paliar las necesidades de parejas mayores o discapacitados. La propia consellera de Vivienda, María José Salvador, no se quedó corta esta semana cuando proclamó que el nuevo Plan Estatal de la Vivienda -documento que debe consensuarse ahora con la Generalitat- tiene un efecto «perverso» sobre el derecho a la vivienda. Salvador criticó el, según sus datos, recorte en un 75% de la inversión en los últimos 8 años y lamentó que España sólo destine un 0,03% del PIB a la vivienda, denunciando, además, que el Gobierno ha dejado sin ejecutar el 43% de la inversión prevista en el anterior plan. Conclusión: poco se puede esperar de un acuerdo Consell-Fomento.

El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 permitirá, según el Gobierno, incrementar la oferta de vivienda pública y privada destinada al alquiler y facilitará el acceso a la misma para aquellas personas con menos recursos. El proyecto contempla un programa destinado a impulsar el fomento del parque de viviendas en régimen de alquiler o en régimen de cesión en uso, incentivando económicamente su promoción pública o privada y exigiendo un compromiso de permanencia mínima en esos regímenes de 25 años.

Se plantean dos opciones. En una primera, el importe de la ayuda podrá ser de hasta 350 euros por metro cuadrado útil de vivienda con un límite del 50% de la inversión y de 36.750 euros por vivienda. Las viviendas que se promuevan con esta ayuda están dirigidas a inquilinos con ingresos (de todos los miembros de la unidad de convivencia) de hasta 3 IPREM y tendrán un precio máximo de alquiler de hasta 5,5 euros por metro cuadrado útil al mes.

En una segunda opción, las ayudas podrán ascender a un máximo de 300 euros por metro cuadrado útil de vivienda con un límite del 40% de la inversión y de 31.500 euros por vivienda. Las viviendas que se promuevan con esta ayuda están dirigidas a inquilinos con ingresos (de todos los miembros de la unidad de convivencia) de hasta 4,5 IPREM y tendrán un precio máximo de alquiler de hasta 7 euros por metro cuadrado útil al mes.

Asimismo, los promotores públicos y privados no recibirán la totalidad de la ayuda hasta que no conste en el Registro de la Propiedad la nota registral que garantice que esa vivienda se va a destinar al alquiler durante el plazo de 25 años y con las condiciones que se regulan en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

Las comunidades autónomas y ayuntamientos, como competentes en esta materia, son los responsables de la creación de un parque público de vivienda. El plan aprobado por el Gobierno complementa las políticas de vivienda de los entes autonómicos, que pueden optar por utilizar o no las ayudas del Ministerio de Fomento.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Vivienda, María José Salvador, han anunciado, por su parte, esta semana una inversión de 106 millones de euros dirigida a la rehabilitación y ampliación del parque público de viviendas para dedicarlos al alquiler, a través de un plan que afectará a 6.129 viviendas y que estará en vigor entre 2018 y 2020. Iniciativa que, según sus cálculos, podría generar en torno a 10.000 puestos de trabajo en los sectores de la construcción y la rehabilitación. Según avanzado la consellera la renta estará entre los 200 y los 350 euros mensuales.

La Comunidad Valenciana contará con una ayuda estatal máxima de 164,5 millones de euros -si hay acuerdo con la Generalitat- para subvenciones en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de marzo. Este importe representa un incremento de más de 72 millones de euros con respecto a la cuantía máxima establecida en el anterior Plan de Vivienda 2013-2016, que ascendió a 91,8 millones de euros en el caso de la Comunidad Valenciana. Para poder lograr esta cuantía máxima, la Generalitat, como el resto de las comunidades y ciudades autónomas, tendrá que aportar un 30% adicional a la financiación que le corresponde en este plan.

El nuevo plan cuenta con una dotación estatal de 1.443 millones de euros. Este importe arroja un incremento del 62,46% con respecto a la dotación presupuestaria de los ejercicios correspondientes al plan 2013- 2016 (888 millones).

Desencuentro

La Generalitat ha trasladado, sin embargo, al Ministerio de Fomento su «malestar y disconformidad» la entender que el plan que se ha aprobado «sin el consenso con las comunidades autónomas establece mecanismos que contribuyen a aumentar la burbuja del alquiler y con un recorte del 75% en la inversión».

La directora general de Vivienda, Rebeca Torró, calificó la reunión sectorial celebrada el pasado jueves de «pantomima porque se tendría que haber producido antes de que el Consejo de Ministros aprobara este plan que no ha sido consensuado con las comunidades autónomas». Para Torró, el plan supondrá una «perversión» sobre el derecho a la vivienda porque no establece «mecanismos para controlar el precio del alquiler ni medidas para que las comunidades autónomas podamos ampliar el parque público».

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