La medida (y hablada con el PSPV) puesta en escena del todavía regidor, el socialista Gabriel Echávarri, en la que este lunes puso sobre la mesa su hoja de ruta para el futuro de la Alcaldía de Alicante ante la inminente apertura de juicio oral por el presunto fraccionamiento de contratos genera varios posibles escenarios políticos en el ayuntamiento de la segunda ciudad más importante de la Comunidad Valenciana. Por ahora, en el PSOE sólo se piensa en articular una mayoría suficiente para que la ahora vicealcaldesa y portavoz del equipo de gobierno, Eva Montesinos, sea la sucesora de Echávarri al frente del ejecutivo local en Alicante. Para ello, los socialistas, que en la ciudad aún no han empezado las negociaciones anunciadas por el propio Echávarri, necesitarán sumar, al menos, quince apoyos del pleno, donde ya se dan por seguro nueve (seis del PSOE y los tres de Compromís), por lo que faltarían los hipotéticos de Guanyar (cinco) y el de alguno de los actuales dos tránsfugas, Nerea Belmonte (expulsada de Guanyar y del tripartito al inicio del mandato por adjudicar contratos menores a una empresa de su entorno) o Fernando Sepulcre (que mantiene al PP en mayoría en la Diputación de Alicante).
Si Montesinos llegase a tener cerrados esos 15 votos necesarios para su investidura como alcaldesa de Alicante, Echávarri anunció este pasado lunes que dimitiría coincidiendo con la apertura de juicio oral, un paso procesal que se espera para dentro de un mes aproximadamente, dejando así a su «delfín» al frente de un gobierno en el que, también señaló, no se reeditarían fracasos, en alusión al tripartito que gobernó Alicante desde junio de 2015 y hasta su ruptura, en noviembre de 2017.
Según explica el Reglamento Orgánico de Pleno (ROP), si el alcalde dimite se procede a una nueva elección en una sesión extraordinaria que se celebraría en un periodo máximo de diez días desde su renuncia oficial al cargo. El mismo documento del Ayuntamiento subraya que «encabeza la lista en la que figura el alcalde el siguiente de la misma», es decir Eva Montesinos, que fue la número dos de la candidatura del PSOE. La marcha de Echávarri, a su vez, provocaría que su acta como concejal pasaría a manos de Miguel Castelló, actual asesor de Fiestas en el Ayuntamiento de Alicante y que iba de «siete» en la candidatura del PSOE en las locales de mayo de 2015.
En el caso de que nadie obtuviera los 15 apoyos para su investidura, que sería en votación secreta y mediante una papeleta en la que cada concejal tendría que marcar con una cruz su elegido entre los candidatos para tomar el testigo de Echávarri, el alcalde sería quien encabezase la lista del Partido Popular, por ser la fuerza más votada en las últimas elecciones municipales. En esa candidatura, para ser liderada por el actual portavoz, Luis Barcala, se debería producir la renuncia a ser candidata a la Alcaldía de Mari Ángeles Goitia, que es, entre los ocho ediles populares, quien ocupó una mejor posición (2) en la candidatura que lideró Asunción Sánchez Zaplana en 2015 y en la que Barcala era el «4».
Pero, ¿y si llegado el día de la apertura de juicio oral contra el actual regidor socialista, Eva Montesinos no tuviera seguro el apoyo de 15 concejales para su investidura y, por tanto, su candidatura a la Alcaldía de Alicante siguiera en el aire? Esta situación, a su vez, abriría nuevos escenarios, aunque Echávarri, en su comparecencia del lunes en la que no aceptó preguntas, aseguró que, en ese caso, seguiría como alcalde hasta el final del mandato, en mayo de 2019, para evitar que el PP regresara a un gobierno que dirigió durante veinte años consecutivos hasta la llegada del tripartito de Alicante. Echávarri alegó que sería dejar el poder a un partido «podrido y corrupto».
La cuestión de su permanencia al frente de la Alcaldía, pese a la apertura de juicio oral, es que el código ético del PSOE, que firmaron todos los concejales del grupo municipal, es explícito en su redacción: «Cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido». Así, para continuar como alcalde, Echávarri podría enfrentarse a escenarios sobre los que, por ahora, no se ha pronunciado. Se podría dar el caso de que el dirigente socialista fuera suspendido cautelarmente de militancia, pero se le permitiese seguir como alcalde dentro del grupo municipal o que se le expulsara por no renunciar al cargo y mantenerse con la vara de mando desde la condición de tránsfuga. Para gobernar, eso sí, necesitaría al menos el apoyo de sus actuales compañeros del grupo municipal, que podrían exponerse a una sanción disciplinaria en el caso de que le apoyasen en contra de lo dictaminado por el partido. Ante el escenario de que Echávarri siguiese en el cargo, siempre quedaría abierta la posibilidad de una moción de censura. Para salir adelante, el aspirante necesitaría sumar 15 apoyos, entre los que no se contarían a los concejales que fueran tránsfugas. Por ahora, con todo, en el Ayuntamiento se empiezan a echar cuentas.
