13 de marzo de 2018
13.03.2018

El fiscal sostiene que el despido de la cuñada de Barcala fue arbitrario y pide juzgar a Echávarri por prevaricación

El Ministerio Público no ve delito en la actuación del edil de Recursos Humanos Carlos Giménez y dice que cumplió órdenes - El informe de la Fiscalía coloca al alcalde al borde de su segundo procesamiento

13.03.2018 | 13:01
El fiscal sostiene que el despido de la cuñada de Barcala fue arbitrario y pide juzgar a Echávarri por prevaricación

Una actuación arbitraria y una represalia contra el portavoz municipal del PP. Éstos son dos los argumentos que ha dado la Fiscalía para pedir a la juez el procesamiento del alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, por despedir a la cuñada de Luis Barcala. El Ministerio Público, en cambio, no ha visto delito en la actuación del concejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez, por no tener mayor implicación en los hechos que ejecutar lo que le pidió el alcalde. Echávarri y Giménez están siendo investigados por un delito de prevaricación por el juzgado de Instrucción número dos de Alicante. Las fuentes consultadas por este diario apuntaron que, tras este informe remitido al juzgado ayer, la decisión de la magistrada Patricia Romero podría ser inminente y el alcalde se enfrentaría a su segundo procesamiento judicial. La Audiencia ya confirmó la semana pasada la decisión de enviar al banquillo al primer edil por un presunto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio.

El teniente fiscal de la Audiencia, José Llor, considera que el alcalde cometió «una grave desviación de poder» para ejecutar una «decisión arbitraria». Aunque dicha resolución no fue adoptada directamente por el alcalde, el fiscal considera que Echávarri fue el responsable de «poner en marcha la maquinaria municipal» para conseguir su finalidad, que es emprender una represalia contra el PP y su portavoz tras la denuncia que éste interpuso en la Fiscalía por los contratos de Comercio.

En cambio, el fiscal no ha visto delito en la actuación del concejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez, que está representado por el abogado Alejandro Bas del bufete Ruiz Marco. Sostiene el fiscal que, a pesar de que Giménez fue la persona que firmó directamente el decreto de despido, su intervención en los hechos se basó en la confianza de lo que le dijeron los técnicos y el alcalde sobre la legalidad de la medida. En el escrito remitido ayer al juzgado, el fiscal argumenta que Giménez actuó confiando en lo que le dijo Echávarri de que la medida formaba parte de un plan más amplio para regularizar la situación de los interinos en el Ayuntamiento, sin ser consciente de cuál era la verdadera finalidad de la medida.

Gabriel Echávarri siempre ha defendido el despido argumentando que la situación de Catalina Rodríguez era una ilegalidad de hecho, puesto que se encontraba trabajando en un puesto distinto para el que fue contratada. La cuñada del portavoz del PP entró para la puesta en marcha del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) y de Las Cigarreras y fue trasladada al Museo de la Lonja. El fiscal rechazó estos extremos al sostener que el hecho de que la técnica de museos fuera la única persona contra la que se actuó de los cerca de 47 interinos sin cargo a plaza que se encuentran en idéntica situación a la de ella, avalaría que su cese no fue más que una represalia contra el Partido Popular.

Prevaricación

El Ministerio Público concluye que Echávarri puso en marcha un procedimiento legal de despido para adoptar una decisión que no lo era en absoluto, por lo que ve indicios de un presunto delito de prevaricación en la actuación del primer edil. Desde la Fiscalía no se ha entrado a valorar la publicación que hizo en Facebook el propio alcalde en la que aseguraba que la decisión de despedir a la cuñada de Barcala estaba tomada desde hacía tiempo, pero que la denuncia presentada por Barcala contra él podía haber acelerado su ejecución.

El informe del fiscal se produce pocos días después de que la Audiencia Provincial confirmara el procesamiento de Gabriel Echávarri, así como de su jefe de gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, y el asesor de Comercio, Pedro de Gea, por un presunto fraccionamiento de contratos en otra causa que investiga otro juzgado de Alicante. La decisión de la Audiencia abocaba al banquillo a los tres investigados, donde el siguiente paso será que la Fiscalía y el PP presenten sus escritos de acusación. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que la juez que investiga el despido de Catalina Rodríguez podría adoptar de manera inminente una decisión sobre este caso y que colocarían a Echávarri ante su segundo procesamiento por prevaricación. Resuelva lo que resuelva la juez, su decisión todavía sería recurrible ante la Audiencia.

El alcalde de Alicante despidió en abril del año pasado a la cuñada del portavoz del PP, que trabajaba como interina en el Ayuntamiento desde noviembre de 2010. La decisión se adoptó a los dos días de que Luis Barcala hubiera llevado a la Fiscalía la denuncia por los contratos de Comercio. La polémica que generó esta decisión provocó que el pleno del Ayuntamiento reprobara al alcalde y finalmente Catalina Rodríguez fue readmitida en su puesto. El concejal de Recursos Humanos firmó un nuevo decreto por el que ésta regresó al Museo de la Lonja. Entre tanto, los dirigentes vecinales José Luis Valdés y José María Hernández Mata presentaron una denuncia en la Fiscalía de Alicante por el despido. En el Ministerio Público se llevó a cabo la investigación que luego se ha limitado a confirmar el juzgado.

Uno de los testimonios clave en la investigación ha sido el de quien fuera concejal de Cultura por Guanyar, Daniel Simón, hasta la ruptura del tripartito el pasado noviembre a causa de las imputaciones judiciales del alcalde. Primero por escrito ante la Fiscalía y después ante la juez cuando le llamó a declarar como testigo, el edil Simón aseguró que ni el traslado fue irregular, ni se podían permitir prescindir de ningún trabajador. El concejal Daniel Simón declaró en su día que en la concejalía de Cultura había una decena de trabajadores interinos en la misma situación que Catalina Rodríguez y todos ellos eran necesarios para su funcionamiento por la falta de personal, motivo por el que el pleno desautorizó después el cese.

El concejal de Guanyar cargó las tintas contra el alcalde y confirmó en su declaración las conclusiones del informe que presentó ante la Fiscalía en su día sobre las circunstancias en las que se produjo el despido y sostuvo claramente que la medida había sido una venganza.

Explicación que daba Echávarri en Facebook sobre el despido de la cuñada de Barcala (23/04/2017)



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