El porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social representa en la Comunidad Valenciana el 30,5% del total de la población, mientras que en el conjunto de España es el 27,9%, tal y como confirman los datos recogidos en el último número de «Papers de Finançament», la publicación elaborada por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) en colaboración con la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.

Tal y como evidencia el informe, las necesidades en protección social de la Comunidad Valenciana son similares e incluso superiores a la media de las autonomías. Al porcentaje de personas en riesgo de exclusión social y pobreza, se suma la cifra de desempleados de larga duración, que suponen el 7,3% del total de población en edad de trabajar en la Comunidad Valenciana, frente al peso del 6,7% a nivel estatal.

En cuanto al envejecimiento de la población, en la Comunidad el 18,5% de la población total tiene 65 años o más, porcentaje similar al que se registra a nivel nacional, que es el 18,6%. Algo parecido sucede con la población de más de 80 años, que representa un 5,4% en la Comunidad Valenciana y un 6% en el conjunto autonómico.

Como explica el informe elaborado por el IVIE, el gasto en protección social depende básicamente de tres factores: la intensidad de sus necesidades por habitante, los recursos con los que cuentan las administraciones y las prioridades otorgadas a estos servicios públicos. Como promedio, las comunidades autónomas utilizan dos terceras partes del gasto público en protección social de las administraciones territoriales pero este porcentaje varía dependiendo tanto de las singularidades institucionales de los territorios (foralidad, insularidad, etc.) como de los criterios seguidos en la delegación de competencias en materia de servicios sociales a las corporaciones locales.

El documento presenta en un gráfico el gasto real en 2016 de las administraciones territoriales (autonómica y local) en protección social por habitante y por habitante de 65 años o más, en el que se refleja que la Comunidad, pese a un incremento del 28% en la inversión social en los dos últimos años, aparece en la penúltima posición, solo por delante de Murcia. Por contra, en el extremo superior se encuentran las comunidades forales, «con lo que se pone de manifiesto su abundancia de recursos», indica el informe.