El procedimiento sobre el despido de una funcionaria interina es el segundo frente abierto que tiene el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, y que se suma a su procesamiento junto a dos de sus asesores, Lalo Díez y Pedro de Gea, por un presunto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio.

El caso del despido está en estos momentos en la Fiscalía, debido a que el primer edil presentó un escrito solicitando el sobreseimiento del mismo y fue remitido al fiscal para que lo contestara. Esta acción de Echávarri supuso un freno a la resolución judicial del juzgado de Lo Contencioso-Administrativo donde se está instruyendo la causa. Precisamente, la Fiscalía fue la que encontró indicios de delito y decidió remitir el caso al juzgado. La resolución del recurso por parte del fiscal está vinculado con el mencionado fraccionamiento de contratos, por más de 144.000 euros. La oposición vincula un caso y el otro al denunciar que el alcalde «actuó por venganza» en contra de la trabajadora municipal, cuñada del portavoz del Grupo Popular, Luis Barcala, quien presentó la denuncia por el fraccionamiento de contratos que ha situado al alcalde más cerca del banquillo.

Echávarri aseguró que el despido se produjo por una supuesta reestructuración de la plantilla municipal y dijo que había que «afrontarla» antes o después con el fin de «retirar aquellos puestos de trabajo que no accedieron por proceso selectivo». El exconcejal de Cultura, Daniel Simón, puso en cuestión esa versión del primer edil cuando declaró en el juzgado que los propios técnicos municipales habían avalado que no se había producido ninguna irregularidad en el traslado de la funcionaria de las Cigarreras a la Lonja del Pescado. En su declaración, se reafirmó en las conclusiones del informe que mandó a la Fiscalía y que fue uno de los factores que determinó que se presentará denuncia en el juzgado. El exresponsable de Cultura aseguró que el traslado se debió a los planes de la concejalía para ese año.