El Gobierno central plantea incluir en el pacto de Estado por la Educación un MIR de dos años para el profesorado, partiendo del que ya se conoce para los médicos residentes en prácticas, con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza.
El secretario de Estado de Educación, FP y Universidades, Marcial Marín, expuso ayer esta apuesta del PP por un «MIR educativo» para que llegue a oídos del conseller de Educación, Vicent Marzà, aprovechando su presencia en la clausura de un simposio de innovación aplicada celebrado en Valencia.
Marín se refirió a un programa de formación práctica tutorizada que sería imprescindible para acceder a la docencia y defendió una «carrera profesional digna entre el profesorado» de toda España. «Si nos quedamos quietos perderemos el futuro del país», añadió.
También trasladó la apuesta de integrar internet en el papel del profesorado, porque las aulas «no pueden seguir en el pasado», dijo; además de recalcar la intención del Gobierno -adelantada desde este diario por la directora general de FP en la Comunidad, Marina Sánchez,- de adaptar la FP Dual «a las necesidades de las empresas y, de esta forma, dignificar esta rama de la educación», subrayó.
Debate
Por su parte la Confederación autonómica de padres de alumnos de centros concertados, Concapa, reunió también ayer a colectivos de la enseñanza contrarios al plurilingüismo de Marzà en un debate celebrado en Alicante, del que se concluyó la preparación de medidas para «una gran contestación en la calle», como precisó el presidente autonómico de padres de alumnos de centros públicos, Ramón López, integrante a su vez del Foro por la libre elección de lengua vehicular junto a los centros concertados.
López señaló que el proceder de la conselleria no deja otra salida a las familias que la pataleta, además de reclamar que antes de que se celebren los consejos escolares que tienen que aprobar los proyectos lingüísticos del curso que viene, según marca la nueva ley, llegue la información a todos los padres y sus representantes voten en consecuencia. «Es una ley de tres, no de todos», lamentó en referencia a que solo la ha aprobado el tripartito de la Comunidad integrado por Compromís, el PSOE y Podemos.
La presidenta autonómica de Concapa, Julia Llopis, vaticina «una nueva fractura social» con la ley de plurilingüismo, por «tomar medidas precipitadas sin el consenso de los padres», y criticó la «imposición del valenciano sin dar libertad a que los alumnos elijan. Hay que frenar esta dictadura lingüística», propuso.
El presidente nacional de este mismo colectivo, Pedro Caballero, animó a las familias a «participar más que nunca en la educación de sus hijos» y avanzó que su formación valora acciones jurídicas en defensa de los derechos fundamentales, que también ven en entredicho en otras autonomías que «igualmente coartan la pluralidad de ideas», dijo.
Por el colectivo del alumnado, el presidente de la federación valenciana, Faavem, Sergio Alonso, también califica la ley de plurilingüismo de «imposición». «Si dominas mejor el castellano tendrás más facilidad en los exámenes e importa mucho poder decir qué asignaturas se dan en cada lengua», puntualizó. Sostiene que se quiere ir «demasiado deprisa».
Finalmente, por el colectivo docente los sindicatos FSIE y USO mostraron su preocupación por la exigencia del nivel en lenguas para el profesorado, al tiempo que esperan los decretos que desarrollan la ley «para que no conculquen derechos laborales». José Gabriel Alfonso apuntó la «discriminación de la concertada para poder formarse en lenguas».
