La ley LGTBI que está tramitando la Generalitat Valenciana establece que los municipios de más de 100.000 habitantes deberán contar con grupos especializados en la prevención de los delitos de odio dentro de los cuerpos de la policía local.
Otra de las novedades de la norma, que está en fase de anteproyecto de ley y cuyo borrador fue presentado ayer, prohibirá el uso de «métodos, programas o terapias de aversión» destinados a modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género de las personas, y establecerá que estos actos puedan llegar a considerarse como una infracción «muy grave», lo que puede llevar aparejado sanciones de hasta 45.000 euros. El secretario autonómico de Inclusión y de la Agencia Valenciana de la Igualdad, Alberto Ibáñez, señaló ayer que la futura ley valenciana para la Igualdad de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI) garantizará «la igualdad real y efectiva de todas las personas con independencia de su orientación sexual, identidad o expresión de género».
A la Plataforma alicantina de Entidades LGTBI la ley les parece insuficiente y reclaman una norma «que vaya más allá de una mera declaración de intenciones y que articule medidas concretas de atención a la diversidad, estableciendo Planes de Atención a la Diversidad en municipios y obligando a la administración pública valenciana a que estos planes sean de efectivo cumplimiento». La plataforma quiere que la ley cree un organismo público independiente para el control del cumplimiento de la ley.
