La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, a través de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), ha asignado 52 viviendas protegidas en toda la Comunidad aplicando los criterios sociales que priorizan a los colectivos que tienen mayores dificultades para acceder a una vivienda. De las 52 viviendas adjudicadas con estos criterios sociales, 33 corresponden a la provincia de Alicante (20 en Alicante ciudad, 10 en Pilar de la Horadada 2 en Benidorm y 1 en La Nucía), 14 a la provincia de Valencia (10 en Gandía, 3 en Valencia y 1 en Vilamarxant) y 5 en la de Castellón (todas ellas en Castellón de la Plana).
La directora general de EIGE, Helena Beunza, ha destacado que desde la Generalitat "se trabaja intensamente para implementar una política de vivienda que actúe sobre las causas concretas que dificultan el acceso a un hogar". De ahí que se pongan en marcha medidas innovadoras que faciliten este acceso a distintos colectivos de la sociedad.
Precisamente, el 16 de junio de 2017 se publicó la resolución de la Conselleria de Vivienda por la que se aprobaban los criterios de acceso en régimen de arrendamiento a las viviendas de protección pública propiedad de EIGE. Se trata de un paso más para hacer efectiva la Ley por la Función Social de la Vivienda, impulsada por la Generalitat, que obliga a adecuar los procedimientos de adjudicación de viviendas.
Según esta resolución, además de cumplir los requisitos establecidos para residir en una vivienda protegida, se prioriza a víctimas de violencia de género; personas afectadas por un desahucio derivado de una ejecución hipotecaria o por impago de cuotas de alquiler; personas discapacitadas con un grado reconocido; familias con menores a su cargo; aquellos que residan en inmuebles con barreras arquitectónicas no subsanables; familias para las que pagar el alquiler suponga más del 25% de los ingresos de la unidad.
La resolución también tiene en cuenta otras situaciones como que en la unidad familiar haya algún integrante menor de 35 años o mayor de 60 años, así como solicitantes que se ven obligados a desplazarse por motivos laborales. En el caso de igualdad de puntuación, se da preferencia a las solicitudes más antiguas.
Colectivos más beneficiados
En el caso de estas primeras 52 viviendas asignaciones, los colectivos que se han beneficiado han sido principalmente unidades de convivencia con un menor a su cargo, con algún integrante menor de 35 años y familias cuyos alquileres superaban el 25% de sus ingresos. También se han adjudicado a víctimas de violencia de género, a personas con discapacidad y a familias que habían perdido su hogar debido a una ejecución hipotecaria.
La directora general de EIGE ha explicado que "las tendencias del mercado impiden que una parte de la población pueda acceder a una vivienda asequible, de ahí la necesidad de que los organismos públicos lleven a cabo políticas?para defender este derecho fundamental". Cabe señalar que antes de la aplicación de estos criterios, las viviendas se asignaban según orden de solicitud y número de viviendas vacías.
