Esquerra Unida ha reclamado penas que suman diez años de prisión para los exalcaldes de Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, por los presuntos amaños en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La formación política que está personada como acusación particular en la causa ha presentado esta mañana su escrito de conclusiones provisionales ante el juzgado que investiga las irregularidades.

EU, a quien representa en la causa el abogado José Luis Romero, les imputa delitos continuados de revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias, aunque a Castedo la acusa también de un delito de prevaricación por el que le reclama otros diez años de inhabilitación.

Otro de los principales imputados en la causa es el promotor Enrique Ortiz a quien se le reclaman penas que suman trece años de cárcel por aprovechamiento de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias. El escrito de acusación valora además en 1,3 millones de euros el perjuicio que sufrió el Ayuntamiento de Alicante por la actuación de los nueve investigados, para quienes se reclama que paguen de manera solidaria esta cantidad.

El escrito de acusación relata que el promotor Enrique Ortiz se acercaba a los centros de poder del PP y a cambio de propiciar a cada uno de los actores políticos favores personales o a la organización política a la que pertenecían, obtenía toda suerte de decisiones favorables a sus intereses económicos, siempre relacionadas con el ámbito competencial de las autoridades y servidores públicos de las Administraciones. En este sentido, recuerda que el promotor ha confesado recientemente en la Audiencia Nacional durante el juicio del caso Gürtel haber contribuido a la financiación ilegal del PP. EU señala que Ortiz agasajó constantemente con toda suerte de atenciones al entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, pero sobre todo con aportaciones económicas. El agasajo se produjo también a la sucesora de Alperi, Sonia Castedo.

La formación les acusa de haber facilitado información privilegiada sobre el futuro planeamiento urbanístico de la ciudad a través de dádivas y regalos.

EU también presenta acusación contra los abogados del despacho Salvetti, en el que trabajaban el exconcejalsocialista Javier Gutiérrez y el hermano de la exalcaldesa, José Luis Castedo, para quienes se reclaman penas que suman ocho años de cárcel para cada uno y multa por los delitos de revelación de información privilegiada, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios.

Para el empresario Ramón Salvador se reclaman cuatro años de cárcel por cohecho y otros nueve meses por tráfico de influencias. Por último, EU pide dos años y medio de cárcel para Virgilio Ortiz, Santiago Bernáldez y Pablo Rico por cohecho, al hacerles responsables de varias entregas de dinero en metálico a Alperi.