El Ayuntamiento de Alicante ha reclamado penas que suman cuatro años y nueve meses de multa para los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo por las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana para beneficiar al empresario Enrique Ortiz a cambio de dádivas, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario.
El Consistorio, que está personado en la causa como acusación particular, ha presentado esta mañana en el juzgado el escrito de conclusiones provisionales en el que se pide la apertura de juicio oral y plantea las penas que reclama para los investigados. Esta misma mañana ha presentado sus conclusiones también Esquerra Unida, que pide penas superiores para los acusados.
Para Sonia Castedo y para Luis Díaz Alperi se piden cuatro años y un día por un delito continuado de cohecho, otros nueve meses de cárcel por tráfico de influencias y el pago de una multa de quince meses y un día a razón de 20 euros diarios (9.020 euros) por revelación de información privilegiada.
También se pide la inhabilitación de Alperi durante 16 años y nueve meses por estos delitos y por prevaricación, aunque en este último caso a título de cómplice; mientras que para Castedo las penas de inhabilitación suman 15 años y nueve meses.
El abogado del Ayuntamiento pide el pago de multas por las dádivas presuntamente recibidas por los dos representantes municipales del empresario Enrique Ortiz. En el caso de Alperi se pide el pago de dos multas de 679.736 euros ; mientras que para Castedo asecenderían a 389.849 euros.
Para el empresario Enrique Ortiz, el letrado reclama también penas que suman más de cinco años de cárcel: cuatro años y un día por un delito continuado de corrupción de autoridades públicas; seis meses y un día por aprovechamiento de información privilegiada; y nueve meses y un día por tráfico de influencias.
El representante municipal le reclama el pago de una multa 63 millones de euros, cálculo que se ha determinado en base al polémico informe que cifraba en 42 millones el beneficio que habría obtenido Ortiz con el planeamiento bajo sospecha.
Para los abogados urbanistas, Javier Gutiérrez, exconcejal socialista, y José Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa, se piden cuatro años y un día por cohecho; nueve meses por tráfico de influencias; una multa de quince meses y un día a razón de 40 euros diarios (18.040 euros); así como más de 20 años de inhabilitación por todos estos delitos y por prevaricación. Para el empresario Ramón Salvador se piden dos años de cárcel y una multa de 116.000 euros.
Finalmente para los acusados Virgilio Ortiz, Santiago Bernáldez y Pablo Rico se reclama un año y seis meses de cárcel por corrupción de autoridades por haber realizado supuestamente entregas de dinero en metálico a Alperi procedentes de Ortiz. Para elos se reclama el pago de distintas multas, calculadas en función de las dádivas entregadas y que serían de 243.000 euros en el caso de Rico; 243.006 para Bernáldez; y 162.003 para Rico.
El letrado del Ayuntamiento asegura en el escrito de acusación que "la capacidad del señor Ortiz para influir en la voluntad de las autoridades públicas que tienen la potestad y responsabilidad de ser los máximos representantes del consistorio y que por tanto tienen la facultad de dirigir la aprobación provisional de la revisión del planeamiento municipal, todo ello prevaliéndose de su especial relación personal con Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi".
